En el Estado de México existe un gran potencial para desarrollar estrategias y proyectos de gobierno abierto como herramientas Anticorrupción. Aparentemente requiere de importantes y renovados esfuerzos de coordinación, pero hay importantes avances.
@dcervantesp
La agenda de Gobierno Abierto (GA) puede ser benéfica para fortalecer las acciones encaminadas a prevenir y detectar la corrupción. Diversos países y gobiernos locales han aprovechado su participación en la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) para fortalecer sus capacidades institucionales relacionadas con la integridad pública, en el marco de la construcción de sus Planes de Acción.
En primer lugar, la Política Anticorrupción del Estado de México. Se trata de un documento bastante robusto, desarrollado a partir de las recomendaciones de la Política Nacional Anticorrupción y que sistematiza de manera puntual no sólo un diagnóstico de la situación actual sino recomendaciones puntuales de políticas identificadas como prioridades. En ella se identifica al gobierno abierto como un mecanismo para la modernización de la administración pública, y al menos cuatro de las prioridades mandatan acciones concretas de gobierno abierto.
Por ejemplo: detonar procesos de participación ciudadana para fortalecer la política de transparencia proactiva; articular estrategias de gobierno abierto que privilegien la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, jóvenes y organizaciones sociales orientadas a la contraloría social (prioridad 12); fomentar el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto en contrataciones públicas y programas sociales, impulsar herramientas para lograr la trazabilidad de recursos públicos de desarrollo social (prioridad 26); adoptar prácticas homogéneas de Parlamento Abierto en el poder legislativo estatal, tendientes a un modelo de Estado Abierto (prioridad 24), entre otras.
La Política Anticorrupción podría encontrar un importante aliado en el Secretariado Técnico Local de GA, instancia donde participan dos integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, INFOEM y SECOGEM. También sería importante articular con el Plan de Gobierno Abierto que actualmente desarrolla el Gobierno del Estado en el marco de su adhesión a la AGA. Como brazo articulador de las estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo Estatal también se debería integrar el COPLADEM, una instancia que debería ser clave para la promoción del enfoque de gobierno abierto al interior del Poder Ejecutivo.
Identificar esta oportunidad no sólo evitaría duplicidades, sino que se estarían aprovechando capacidades, atribuciones y recursos previamente instalados. Una estrategia anticorrupción bien articulada, que además tenga como horizonte las metas específicas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (ODS 16), podría ser más eficaz para transformar la calidad de vida de la ciudadanía mexiquense.
