El Estado tiene la obligación de garantizar que el ciudadano pueda optar por la opción que mejor se adapte a su bolsillo y a sus necesidades de seguridad, sin temor a represalias o bloqueos.
La movilidad en las zonas federales de México, particularmente en nuestros aeropuertos, ha operado durante años bajo una especie de “ley de la selva” legislativa. Mientras el mundo avanza hacia modelos de transporte digitalizados y eficientes, en terminales como el AICM o el Aeropuerto de Cancún el panorama ha sido el opuesto: bloqueos, confrontaciones físicas y un clima de inseguridad que afecta el derecho fundamental del usuario a decidir cómo desea trasladarse.
La reciente reunión de la Alianza In México y representantes de plataformas globales como DiDi, Uber e inDrive, y legisladores del PRI, marca un punto de inflexión necesario. No estamos ante una simple disputa comercial entre taxistas concesionados y conductores de aplicación; estamos ante una crisis de gobernanza que exige una solución de Estado.
La iniciativa elaborada busca tres pilares fundamentales que han estado ausentes: orden, piso parejo y seguridad. Hoy, la falta de reglas claras ha generado un vacío aprovechado por el conflicto. La propuesta de regular la coexistencia de ambos modelos no pretende desplazar a los transportistas tradicionales, sino integrarlos a un marco de legalidad donde el sol salga para todos, bajo estándares de calidad que hoy son, tristemente, irregulares.
Durante demasiado tiempo, el pasajero ha sido el rehén olvidado en esta ecuación. Un viajero que llega tras un vuelo de diez horas no debería ser forzado a elegir entre una tarifa excesiva o caminar kilómetros bajo el sol para evadir una restricción absurda. La libertad de elegir no es un lujo, es un derecho.
La urgencia tiene fecha de caducidad: el Mundial de Fútbol 2026. México estará bajo el escrutinio global. Permitir que la primera experiencia de millones de visitantes sea el caos de un transporte desorganizado o escenas de violencia entre conductores sería un suicidio reputacional para nuestra industria turística.
La disposición mostrada por las plataformas digitales para sumarse a una regulación formal es una señal de madurez que el Senado debe capitalizar. No se trata de “ganadores o perdedores”, sino de modernizar un marco legal estancado que ya no responde a la dinámica poblacional actual.
La movilidad es el sistema circulatorio de nuestra economía. Es momento de que el Congreso actúe con visión de futuro, dejando atrás el proteccionismo ineficiente para dar paso a una regulación que priorice la paz social, la libre competencia y, sobre todo, la dignidad de quienes utilizan nuestros aeropuertos. El diálogo ha comenzado; la solución no puede esperar más.
