El espacio digital no es una dimensión paralela, sino el tejido donde hoy ocurre nuestra vida pública y privada. Ante el incremento de las agresiones en la red, el Estado de México ha respondido con una actualización legislativa impostergable: además de la tipificación de la violencia digital como un agravio directo a la integridad humana, se han establecido medidas para evitar que la difusión de contenido sea irreversible, no es solo un ajuste técnico, sino un reconocimiento de que el daño virtual tiene consecuencias reales y permanentes.
Recientemente, la Legislatura del Estado de México aprobó reformas que atienden un vacío crítico en nuestro marco jurídico, al actualizar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Libre de Violencia, el Congreso local busca inhibir conductas que vulneran la intimidad, tales como la difusión de contenido sensible sin consentimiento y el acoso sistémico en plataformas. Estas reformas son relevantes porque protegen la dignidad de las personas —especialmente de mujeres y grupos vulnerables— frente a ataques que, por la naturaleza de internet, poseen un alcance masivo y difícil de borrar, al permitir ahora que el Ministerio Público y los jueces ordenen el bloqueo, destrucción o eliminación de cuentas, imágenes, audios o videos ligados a esa violencia.
Desde el INFOEM, entendemos que la ley es el punto de partida, pero la protección efectiva nace de la coordinación institucional, ahora ya trabajamos de la mano con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Policía Cibernética para prevenir en los jóvenes situaciones de violencia digital y que la denuncia no sea un laberinto, sino una ruta de justicia. Siempre la prevención será nuestra herramienta más potente, ahora lo hacemos a través de mecanismos como los “cines conversatorios” y nuestro micrositio para la prevención de la Violencia Digital, donde impulsamos la alfabetización digital y el cuidado de los datos personales.
Pero no podemos quedarnos en ese esfuerzo, a nivel europeo, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha establecido un referente con su “Canal Prioritario”, un sistema de atención rápida para la retirada de contenidos sensibles, en coordinación con su Policía y Fiscalía.
Bajo esta lógica de eficacia, es deseable que, con las próximas reformas en materia de protección de datos personales, el INFOEM o la nueva autoridad, evolucionen hacia un modelo con facultades para poder recibir denuncias ciudadanas, trabajar de manera coordinada con Poder Judicial, la Fiscalía y a la Policía Cibernética para gestionar de forma expedita solicitudes para bajar contenidos y atender a las víctimas, en consonancia con las nuevas reformas que hizo el Congreso.
Esta propuesta debe fundamentarse en criterios claros de procedencia ante riesgos inminentes, asegurando siempre las debidas garantías del debido proceso y el respeto a la libertad de expresión, pero priorizando la protección de la víctima, cuya intimidad es expuesta súbitamente en redes sociales. El daño emocional y reputacional escala por segundos.
Debemos asumir que la seguridad en línea es una tarea compartida. Como autoridades, nuestra misión es garantizar que las leyes evolucionen al ritmo de la tecnología. Como sociedad, debemos exigir a las plataformas digitales la responsabilidad social que también tienen con sus usuarios y recordar que la privacidad y la seguridad digital son condiciones para el ejercicio de otros derechos.
