La seguridad es una responsabilidad permanente del Estado y una prioridad para el Estado de México. Con esa convicción, desde el Congreso local iniciamos este 2026 con la aprobación de reformas para fortalecer la prevención del delito y atender de manera puntual el delito de extorsión, mediante un marco legal que mejora la coordinación institucional y brinda mayores herramientas para proteger a la ciudadanía.

Para ello, la semana pasada trabajamos en comisiones y en el pleno, a través de un período extraordinario, y aprobamos la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México, con la cual esa conducta se perseguirá de oficio y se fortalecerá la coordinación interinstitucional y transversal para su combate, incluyendo el llamado “cobro de piso”.

En diciembre, la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, envió un paquete de iniciativas en materia de seguridad que son prioritarias para mejorar las acciones de los cuerpos de seguridad, el trabajo de las mesas de paz y la búsqueda de personas no localizadas o desaparecidas, y en este año nos hizo llegar la propuesta de una nueva norma en materia de extorsión.

Con la primera iniciativa se armonizó la Constitución local con la carta magna federal y con la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; por lo cual, ahora, además del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y las instituciones policiales estatales y municipales podrán participar en la investigación de delitos.

El objetivo, como se mencionó en las comisiones legislativas, es consolidar un modelo de seguridad que integre la persecución del delito, la atención a sus causas, la recuperación del espacio público y el desarrollo de oportunidades de bienestar, educación y empleo digno para fortalecer la cohesión social.

La segunda reforma fue a las leyes Orgánica de la Administración Pública y de Seguridad estatales, a efecto de reconocer a las mesas de paz como instancias de decisión y articulación operativa, ampliar las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y mejorar la coordinación interinstitucional en la materia, profesionalización de los cuerpos policiales y participación comunitaria.

La tercera busca reforzar de manera integral la búsqueda, localización, identificación y esclarecimiento de hechos relacionados con personas desaparecidas o no localizadas, mediante mayores capacidades de investigación y acciones inmediatas de coordinación entre niveles de gobierno e instituciones públicas y privadas.

Entre otras cosas, se implementará un sistema de información de personas desaparecidas con actualización permanente y difusión en sectores prioritarios. Esto obligará a los establecimientos de salud, centros de atención, reinserción social, asistencia social y estaciones migratorias a mantener registros completos y actualizados y permitir su consulta. Las personas encargadas del resguardo de cuerpos o restos humanos deberán asegurar un trato digno, y registrar información forense para interconectarla y remitirla al Banco Nacional de Datos Forenses.

Las reformas también obligan a que la autoridad que reciba un reporte o denuncia de desaparición la registre de inmediato, envíe una ficha de búsqueda a la Fiscalía Especializada y a la Comisión de Búsqueda, conforme a la alerta nacional en la materia, a fin de difundirla y notificar al Registro Nacional de Población para activar alertamientos en la Plataforma Única de Identidad.

En tanto, con la nueva Ley para combatir el delito de extorsión se creará el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados; así como una Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, dependiente de la Fiscalía General de Justicia mexiquense y el Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión.

Los cambios implican la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual es reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución federal. Ahora, se incorpora esa conducta en la nueva norma y se establecen las sanciones respectivas.

Otro tema importante es que los centros penitenciarios estatales tendrán 150 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del decreto, para establecer procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de voz, datos o imagen, a fin de evitar que se sigan realizando llamadas, desde esos espacios, para extorsionar a las personas.