El anuncio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre una recaudación histórica superior a los 6 billones de pesos en 2025 ha sido presentado como un logro en materia de eficiencia fiscal. No obstante, el dato también ha reabierto un debate estructural en torno a la limitada ampliación de la base tributaria y el persistente problema de la informalidad en México.

De acuerdo con información oficial, los ingresos tributarios administrados por el SAT representaron alrededor del 88% del total recaudado, concentrándose principalmente en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En el caso del ISR, las personas morales aportaron aproximadamente el 52% del total, mientras que las personas físicas contribuyeron con cerca del 48%, lo que confirma que la carga fiscal continúa recayendo mayoritariamente en los contribuyentes ya registrados y activos.

Especialistas en finanzas públicas coinciden en que este crecimiento no se explica por un aumento significativo en el número de contribuyentes, sino por una mayor fiscalización y presión recaudatoria sobre la misma base tributaria. En términos reales, el Estado cobra más, pero prácticamente a los mismos contribuyentes.

Esta situación contrasta con la estructura del mercado laboral. Según datos oficiales, el 54.6% de la población ocupada en México se encuentra en la informalidad, es decir, más de la mitad de las personas que trabajan no realizan aportaciones fiscales regulares ni cuentan con acceso pleno a la seguridad social. Esta proporción se ha mantenido estable en los últimos años, pese a los esfuerzos de fiscalización y a los anuncios de fortalecimiento tributario.

Analistas subrayan que el diseño actual del sistema fiscal funciona, en muchos casos, como un desincentivo a la formalidad, particularmente para micro y pequeños negocios. Para un trabajador independiente o un emprendimiento de baja escala, incorporarse a la formalidad implica enfrentar tasas de ISR que pueden superar el 30%, además de cuotas de seguridad social que elevan considerablemente el costo de operar dentro del marco legal.

Es por ello, que se cuestiona por qué el SAT y la política hacendaria no han desarrollado estrategias más efectivas de incentivo, como esquemas graduales de tributación, reducción temporal de cargas fiscales o apoyos directos a la formalización. En cambio, la estrategia predominante ha sido fortalecer los mecanismos de control y sanción, lo que incrementa la percepción de riesgo entre quienes ya cumplen, pero no atrae a nuevos contribuyentes.

Esta dinámica genera una asimetría fiscal evidente, menos del 50% de la población económicamente activa sostiene la mayor parte del gasto público, mientras más de la mitad permanece fuera del sistema. Economistas advierten que esta concentración puede afectar la sostenibilidad de la recaudación en el mediano plazo, al elevar la presión sobre los sectores formales y limitar la competitividad.

Más allá de celebrar cifras récord, el debate de fondo apunta a una pregunta clave, ¿puede México reducir su informalidad del 54% sin replantear el modelo fiscal y de seguridad social? Para muchos expertos, el reto no es únicamente recaudar más, sino crear condiciones reales para que ser formal resulte viable y atractivo para millones de mexicanos.