Para ello, el trabajo o empleo tiene que ser digno, y en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) −la agencia que reúne a empleadores, trabajadores y empresas−, debe ser un buen trabajo, es decir, que pueda ofertarse y desarrollarse con pleno respeto a los derechos humanos y, específicamente, a los derechos laborales como el de obtener un salario justo y proporcional al esfuerzo realizado, acceder a la protección social (prestaciones, servicio médico, licencias por enfermedad, maternidad o paternidad, vacaciones, promociones…), y que quien lo desempeñe pueda ejecutar las funciones de acuerdo a su responsabilidad sin hostigamiento ni acoso ni discriminación, tal como lo establece el derecho positivo mexicano y el derecho internacional.

Los empleadores y las instituciones del Estado son responsables de proveer y vigilar el acceso de todas y todos a un empleo digno, hombres y mujeres, personas adultas mayores, con discapacidad, de cualquier cultura, raza o preferencia sexual, y emprender los ajustes necesarios a fin de crear las condiciones para que por medio del empleo las personas puedan lograr sus propósitos.

Un trabajo decente dignifica a la persona, es la llave que le permite acceder a una buena alimentación, vestido, a la educación, a la recreación, a la cultura, a la vivienda, al crecimiento personal y profesional; por ello, la política laboral debe tener como centro la visión de respeto a los derechos humanos.

Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que un trabajo digno requiere de las y los trabajadores el cumplimento cabal de sus deberes: actuar con profesionalismo, eficiencia, eficacia, honestidad, honradez, decoro, en estricto apego a la legalidad, respetar la jornada laboral, ceñirse a sus funciones y a las leyes y reglamentos internos de su organización. Cuando cumplimos con nuestros deberes también dignificamos el empleo, y la vida misma.