Un nuevo Poder Judicial
Este 5 de septiembre rendirán protesta las y los 91 nuevos integrantes del Poder Judicial del Estado de México, quienes fueron electas y electos en las urnas el pasado 1 de junio.
Quienes asumirán el cargo no son personas improvisadas, pues tienen estudios, experiencia, y en varios casos una sólida carrera judicial.
No llegan por ‘dedazo’, ni por recomendaciones; tampoco por lazos familiares. Están ahí porque fueron electas y electos por la ciudadanía que aspira a tener un mejor Poder Judicial en la entidad.
En el Estado de México la transformación de este poder ha sido tersa, gracias a la colaboración de los tres poderes, sin confrontaciones.
La actitud abierta y conciliadora de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha ayudado a que muchos temas se aprueben por unanimidad.
En ese tenor, la mayoría en el Congreso mexiquense, integrada por morena, Partido Verde y Partido del Trabajo ha buscado consensos, escuchar a todas las partes y sacar adelante los temas de interés para la ciudadanía.
La llegada de juezas y jueces, magistradas y magistrados, emanados de las urnas, es el primer paso para buscar una transformación en el Poder Judicial, que además contará con una nueva Ley Orgánica.
También tendrá nuevos órganos: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración que sustituyen al Consejo de la Judicatura.
La propuesta de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México busca una reestructuración integral, de fondo, enfocada en fortalecer la administración e impartición de justicia.
Esta norma protegerá y promoverá el interculturalismo jurídico, respetando a los pueblos originarios Matlazinca, Mazahua, Náhuatl, Otomí y Tlahuica, así como a los demás pueblos originarios que constituyen la identidad pluricultural de la entidad.
En los casos que involucren personas, comunidades, municipios y pueblos indígenas, se pretende garantizar en todo momento el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos.
La intención es que la nueva norma reconozca la necesidad de dar voz a la sociedad civil, a efecto de que se exprese en asuntos relevantes, vinculados a la tutela de los derechos humanos y al control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad.
Las expectativas son altas y se centran en tener juzgadoras y juzgadores cercanos, sensibles, justos y en erradicar la corrupción.
