El pasado 24 de marzo, los diputados Sergio Ricardo Huerta Leggs y Fernando Hoyos Aguilar presentaron en conferencia de prensa la convocatoria para la Consulta Pública Estatal que busca la participación de la sociedad sudcaliforniana en la reforma de diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia de comunidades originarias.

En la presentación estuvo presente el reconocido historiador sudcaliforniano Eligio Moisés Coronado, quien simpatiza ampliamente con este proceso legislativo que dio inicio a fines del año pasado con la presentación de la iniciativa de reforma a nuestra Carta Magna estatal.

La iniciativa, que es un proceso de eminente inclusión social y de justicia para un sector de nuestra sociedad, surge de un legítimo deseo de diversos sectores de la sociedad de Baja California Sur que ven cómo en la legislación estatal, llámese Constitución o leyes secundarias, no se encuentran expresamente plasmados los derechos de mujeres y hombres que por muchas generaciones han estado en las sierras, ranchos, valles, costas y llanos de lo que hoy es Baja California Sur, y que, salvo en el discurso político, han estado presentes durante años, pero en lo que compete al reconocimiento de sus derechos, se les ha hecho a un lado.

El espíritu de esta iniciativa de ninguna manera es de confrontación, sino de inclusión, y son los legisladores estatales Huerta y Hoyos, representantes de Morena y PT en la XVII Legislatura al Congreso del Estado, quienes se han echado a cuestas esta tarea, con la idea muy clara de reconocer los derechos de los Californios.

La convocatoria está vigente y se cierra dentro de dos meses, y abre un espacio para que todas y todos los sudcalifornianos, residentes o no en Baja California Sur, puedan aportar sus propuestas para el enriquecimiento del dictamen que en su momento habrá de elaborar la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, que preside el Diputado Eduardo Van Wormer Castro.

Los temas son:
a) Comunidades originarias de Baja California Sur y su definición conceptual;
b) Derechos históricos de las comunidades originarias de Baja California Sur;
c) Identidad sudcaliforniana;
d) Californios;
e) Rancheros;
f) Pescadores;
g) Inclusión y no discriminación;
h) Desarrollo social, cultural y económico de las comunidades originarias del Estado de Baja California Sur.

El Congreso del Estado, los promoventes y la Comisión dictaminadora han convocado a la participación ciudadana sobre un tema que poco a poco, imperceptiblemente, va quedando en el baúl de los recuerdos, y que hoy se tiene que discutir ampliamente por la importancia histórica que las comunidades originarias han tenido en la vida de nuestra media península, y por el derecho que les asiste a ser reconocidos legalmente.

Fueron rancheros los que en varias ocasiones en el siglo XIX defendieron con las armas el territorio nacional, han sido ellos y los pescadores, quienes con su presencia y trabajo durante muchos años en las sierras, valles y costas han defendido la integridad del territorio sudcaliforniano para México como Nación.

En 2020, el INEGI nos ofrece un dato contundente: hace seis años el 40.4% de la población que vivía en Baja California Sur era originaria de otra entidad del país, y seguramente a seis años de distancia la relación debe estar cerca del 50/50 por efecto de la intensidad del proceso migratorio que vive la entidad desde hace 30 años, sobre todo en el Municipio de Los Cabos, en donde el Censo del 2020 reportó que el 55.6% de la población no era nativa.

En este 2026 es más que evidente que vivimos otros tiempos, muy diferentes a los del regionalismo de hace más de 60/70 años. Hoy somos una sociedad diferente, globalizada, en la que interactuamos de diversas maneras los sudcalifornianos.

La discusión que viene con esta iniciativa debe darse acerca de la inclusión, sí, pero igualmente de la escala de valores regionales con los que vamos a transitar en lo cultural y en lo social, con la apresurada transformación económica que vivimos como sociedad del siglo XXI.