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La balacera registrada el 18 de diciembre de 2025 en la alcaldía Cuauhtémoc no fue un hecho aislado ni extraordinario, aunque así se intente presentar desde el discurso oficial. El intercambio de disparos entre policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y un grupo de presuntos extorsionadores, que dejó al menos un agente lesionado y varios detenidos, confirma una realidad incómoda: la violencia armada en la Ciudad de México no ha desaparecido, solo se ha vuelto intermitente, focalizada y, en ocasiones, normalizada.
Durante años, la capital del país ha sostenido la narrativa de ser una “isla de contención” frente a la violencia que azota a otras entidades. Y es cierto que la frecuencia de enfrentamientos abiertos entre policías y delincuentes es menor que en estados dominados por el crimen organizado. Sin embargo, los hechos documentados a lo largo de 2025 muestran un patrón preocupante: robos, extorsiones y operaciones delictivas que ya no dudan en responder con armas de fuego a la acción policial.
El enfrentamiento en Cuauhtémoc se suma a una cadena de episodios ocurridos este mismo año en alcaldías como Gustavo A. Madero, Tlalpan, Venustiano Carranza y nuevamente Cuauhtémoc. Balaceras durante intentos de asalto, revisiones policiales, operativos contra presuntos delincuentes y persecuciones que terminan en intercambio de disparos. No se trata de guerras urbanas, pero sí de señales claras de una criminalidad que ha perdido el temor a la autoridad.
Este escenario no es nuevo para la ciudad. Basta mirar hacia atrás, a la década de los noventa, cuando el entonces Distrito Federal vivió una crisis estructural de seguridad pública. Bandas de asaltabancos, secuestradores y grupos dedicados al narcotráfico urbano protagonizaban enfrentamientos a plena luz del día. Colonias como Tepito, Guerrero, Doctores o zonas de Benito Juárez y Miguel Hidalgo fueron escenario de balaceras, persecuciones y operativos fallidos. Policías mal equipados, protocolos deficientes y corrupción institucional formaban parte del paisaje cotidiano.
Casos como los de Los Zodiaco o las primeras operaciones contra la banda del Mochaorejas mostraron que la violencia armada no era exclusiva de regiones rurales o fronterizas: estaba incrustada en la capital. Aquella etapa dejó muertos, heridos y una profunda desconfianza ciudadana hacia las corporaciones policiales, pero también sentó las bases para las reformas de los años dos mil.
Hoy, más de dos décadas después, el regreso recurrente de balaceras obliga a una reflexión incómoda. La profesionalización policial, la inteligencia y la prevención han contenido el problema, pero no lo han erradicado. La ciudad no vive los noventa, pero tampoco puede presumir que los dejó atrás del todo. Cada enfrentamiento es un recordatorio de que la violencia armada sigue latente, esperando contextos propicios para reaparecer.
Minimizar estos hechos como “casos aislados” es un error. El verdadero riesgo no está únicamente en el número de balaceras, sino en su normalización silenciosa. Cada enfrentamiento que se diluye en la agenda informativa refuerza la idea de que la violencia armada es un costo asumible de la vida urbana.
La autoridad capitalina tiene el reto de no caer en la autocomplacencia. Contener no es lo mismo que resolver. Mientras la extorsión, el robo violento y el narcomenudeo sigan operando con capacidad de fuego, la posibilidad de nuevos enfrentamientos seguirá latente. La seguridad pública no se mide solo en estadísticas a la baja, sino en la capacidad real del Estado para imponer orden sin convertir las calles en campos de tiro.
La Ciudad de México no debe resignarse a convivir con balaceras esporádicas como parte del paisaje. La historia demuestra que cuando la violencia se tolera en pequeñas dosis, termina por expandirse. Y esa es una lección que la capital —por experiencia propia— debería tener perfectamente aprendida.
