Una práctica difícil a desterrar en el país es que tras “el niño ahogado”, se quieran tomar medidas para atender problemas de antaño, sin haber actuado con antelación con acciones preventivas.

Lamentablemente son muchos los casos al respecto y, el más reciente que consternó a integrantes de todos los sectores, fue la tragedia acontecida en el colegio Cervantes Campus del Bosque, en Torreón, Coahuila.

En ese plantel un menor tuvo el impulso de disparar contra maestros y alumnos, acción que ha desatado la polémica de implementar o no el operativo Mochila Segura en las escuelas, tanto de oficiales como particulares.

Lo que creen senadores y diputados puede frenar el acontecimiento de ese tipo de hechos es que, desde todos los órdenes de gobierno, se trabaje en el bienestar de los menores de edad.

Pero también urgieron atender la masiva entrada de armas al país, así como el hecho de que haya un trabajo conjunto entre gobierno y sociedad para fortalecer la educación integral de los ciudadanos e implementar la Mochila Segura.

La tragedia de Torreón, tiene una característica multifactorial y elementos relevantes, como lo relativo a la posesión y disponibilidad de arma de fuego.

El hecho es que en México circulan 2 millones de armas que entraron de manera ilícita, por lo que no basta con tener uno de los órdenes jurídicos más restrictivos del mundo, si éste no se cumple.

Por ello, para legisladores federales, se debe revisar uno de los tramos inherentes al tema de disposición de armas de fuego, incluso analizar los efectos de comercialización indiscriminada de las mismas en Estados Unidos.

El planteamiento que hizo la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, es que es preciso crear estrategias y programas para atender a menores que crecieron en contextos de violencia.

A su parecer, la guerra que se echó a andar en 2006 contra la delincuencia propició, entre otros fenómenos, que la violencia sea vista como normal y que el territorio nacional esté lleno de armas.

Y el que propuso haya atención psiquiátrica para los legisladores federales, fue el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo.

Presentó una iniciativa a la Ley Orgánico del Congreso de la Unión, para reorganizar el trabajo legislativo.

Explicó que ante las largas jornadas de trabajo y lo intenso de las cargas legislativas, es necesario abordar este punto en el palacio legislativo de San Lázaro.