Red Compartida / Tras el R1 y el R2
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Ciudad de México, 12 de abril de 2026
Nos dicen que quienes mueven Uruapan, Michoacán y quienes son los verdaderos autores intelectuales del asesinato del alcalde, Carlos Manzo, son los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, alias El R1 y El R2, respectivamente, mismos que son considerados como líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación. Ambos son originarios del Municipio de Álvaro Obregón, Michoacán. Operan para el CJNG en coordinación con su mando operativo a quien le apodan El 17. Estos ya están en la mira del gabinete de seguridad del gobierno federal que coordina, Omar García Harfuch, debido a que hace tres meses aproximadamente “levantaron” a dos elementos del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Por este hecho fue detenido un sujeto apodado “El Manotas”. Y, es que tras la detención de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo y principal operador de la célula delictiva encargada del ataque, éste señaló que su jefe es Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El trascendido que circula en el Palacio del Ayuntamiento apunta a que hay un malestar creciente en el equipo de Clara Brugada: consideran que la jefa de Gobierno está siendo utilizada como carne de cañón para justificar los tropiezos y excesos de la estrategia de seguridad diseñada para la CDMX y que, según dicen, viene desde la Presidencia de la República, especialmente tras el manejo de las protestas de la Generación Z y lo ocurrido el 2 de octubre. Cercanos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguran que el trato que ha recibido desde la contienda interna ha sido abiertamente falto de respeto, al grado de tratarla como si fuera una opositora dentro del propio movimiento. Respecto al llamado bloque negro, la conclusión en su equipo es clara: se trata de fuego amigo, un grupo que sirve a intereses internos de Morena, sectores que —afirman— buscan desestabilizar desde dentro del partido. Para algunos dentro del gobierno, el objetivo era evidente: evitar a toda costa que se viera un Zócalo lleno, algo que podría afectar la imagen de la presidenta. La pregunta es ¿quién va a pagar los platos rotos? ¿La SSC de Pablo Vázquez?
Nos dicen que en Morelos hay un ajuste en la estrategia de seguridad y se aprietan las tuercas en la zona de las Lagunas de Zempoala luego de que Canadá emitió una alerta de viaje que encendió focos rojos en el gabinete; el estado movilizó a Guardia Nacional, Sedena y Marina en rutas de acceso, reforzó la vigilancia en las franjas limítrofes con Edomex y Guerrero e inició la instalación de cámaras oficiales mientras desmonta equipos clandestinos ligados a grupos criminales. El llamado interno es contener delitos recientes —extorsión, narcomenudeo y robo de vehículo— antes de que se consolide una narrativa internacional de riesgo que golpee al turismo y a la gobernabilidad en Huitzilac, donde la limitada cobertura de comunicación exige presencia física y control territorial las 24 horas.
Por cierto, hablando de eventos internacionales, la armada de México sostuvo una reunión de trabajo con el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson y el General Greg Guillot, Comandante del Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCOM), en la Ciudad de México. El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, tiene un acuerdo para actividades como entrenamiento conjunto para fortalecer capacidades operativas en actividades de seguridad marítima y regional, mejoras operativas a la Iniciativa de Seguridad Marítima de América del Norte e intercambio técnico y cooperación institucional sostenida. Se mantiene la mesa de cooperación militar bilateral para alinear capacidades militares, compartir mejores prácticas y enfrentar amenazas comunes.
PD: La organización Soy paciente busca garantizar el derecho a la salud en México y ahora hace eco a la iniciativ del senador José Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, que busca una reforma al Artículo 43 de la Ley General de Salud para obligar a los hospitales privados a transparentar sus precios e impedir que sus pacientes queden expuestos a cobros inesperados, facturas confusas y diferencias abismales en tarifas, sin la información mínima necesaria para tomar decisiones informadas sobre su salud.
