Propone el PRI reformas a las leyes electorales

Incentivar el derecho al voto y premiar a quien lo haga, promueve el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, mediante una iniciativa para reformar las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Federal de Derechos.

En ese sentido, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la priísta Dulce María Sauri Riancho, expuso que criminalizar y castigar al ciudadano por no votar es un contrasentido, por lo que mejor se deben dar incentivos a quienes ejercen su derecho al sufragio.

A manera de ejemplo, comentó que quienes voten deberían tener preferencia frente a los que injustificadamente no sufragaron, en casos de igualdad de puntaje en los exámenes de ingreso a las instituciones pública de educación superior.

Mencionó que también podrían acceder a una rebaja de un mes en el tiempo de prestación del Servicio Militar Nacional; ser elegidos en la adjudicación de becas educativas en concursos abiertos; un descuento de 10% en el valor de expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación.

Abundó que otro aliciente es obtener un descuento de hasta el 2% al Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a las condiciones y modalidades que la Ley sobre la materia establezca y no pagar el derecho a la reposición de la credencial de elector.

Sauri Riancho, hizo aludió al hecho de que países como Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay establecieron el voto obligatorio como medida para reducir las tasas de abstencionismo, pero cualquier reforma punitiva a nadie obliga a participar en procesos electorales en los que no están de acuerdo; eso crea democracias artificiales, además de que ensancha la brecha de confianza entre el ciudadano y su gobierno.

La representante popular aludió que con la reforma al artículo 175-A de la Ley Federal de Derechos, se pretende reducir la carga al Instituto Nacional Electoral (INE), toda vez que en este 2020, se aplicó el recorte más grande jamás registrado, con la reducción de mil 72 millones de pesos.

El plástico de la credencial de elector tiene un costo de 60 centavos de dólar, es decir, unos 12 pesos, según la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE. Si se suma el costo por el trámite, generación, envío y entrega de la misma es de alrededor de 270 pesos, por unidad.

La propuesta es que el gasto operativo del INE para reponer una credencial se convierta en un derecho que paguen los ciudadanos cuando maltraten, hagan inelegible o extravíen su documento.

Este derecho no será cubierto por quienes demuestren que fueron víctimas de algún delito que implique la sustracción o robo de la credencial de votar, declaró Dulce María Sauri.

EGS