SE REQUIERE REGULARIZAR A LAS EMPRESAS PRIVADAS DE SEGURIDAD
Arturo R. Pansza
Se refirió a la distribución de competencias entre la federación y las entidades, la instalación de un servicio nacional regulador en torno a la seguridad privada, al tiempo que comentó que tener una homologación permitirá a la vez poner orden.
Se requiere contar con un expediente e historial de cada uno de los que forman parte de la seguridad privada; “es importante contar con ese listado, sobre todo los antecedentes con que cuentan cada uno de los elementos”, reiteró.
Añadió que, al armonizar ese tipo de denominaciones o nombres en dependencias que tienen que ver con temas de seguridad, los legisladores deberán adecuarlo a la Ley General de Seguridad Privada.
Coparmex
Un año después, en febrero, el proyecto de iniciativa fue presentado en la Cámara de Senadores para ser dictaminado y votado; y el treinta de abril se aprobó y remitió a la colegisladora, sin embargo, no fue viable su discusión debido al cierre del periodo legislativo.
No se puede omitir la necesidad de armonizar el proyecto dictaminado con el marco legal de la Guardia Nacional, sus normas secundarias; y con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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En la informalidad es como operan en la actualidad diferentes áreas de la seguridad privada en México, desde la conformación de las empresas, pasando por los filtros de contratación, hasta la implementación de tecnologías y sistemas para el resguardo de los bienes e inmuebles.
Todo parece indicar que los retos para la industria son grandes, mismos que comienzan desde la organización dentro de las empresas que conforman el sector, al menos, así lo manifiesta Armando Zúñiga Salinas, Coordinador General de la Asociaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME), al reconocer que para consolidar una ley que les favorezca tanto a ellos, como a los contratantes de servicios, es importante organizarse entre todos.
Armando Zúñiga se dice consciente de la urgencia que existe para unificar criterios, y con ello, tener una ley general de seguridad privada con lineamientos que apliquen a todos por igual tanto en los estados como en municipios, en donde sea primordial la coordinación principal de los tres órdenes de gobierno.Asimismo, recalcó que la ley vigente, que data de hace 15 años, se presta para caer en la corrupción, ya que los lineamientos “están hechos para no cumplirse, es confuso y se presta para la extorsión.
Hay cláusulas que son contradictorias y se presta para enredarte finalmente caer”.La regulación para este sector se enfoca en las empresas de guardias de seguridad sin armas, aunque en la actualidad existen empresas con portación de armas, con implementaciones tecnológicas para el rastreo vehicular, cámaras de seguridad y blindajes, lo que propone cambios en la legislación, que garantice la seguridad de los contratantes y de los prestadores de servicios.
“Necesitamos una ley moderna de acorde al sector, después de 15 años han cambiado muchas otras cosas, y también se busca es la dignificación de la gente, de los salarios de la capacitación de las prestaciones sociales, sobre todo, la profesionalización y capacitación de la gente acorde a las necesidades que hoy se tienen” añadió el Coordinador General de ASUME.
Dentro de las desventajas que enmarcan al sector está la sobre-rregulación, donde los prestadores de servicios tienen que realizar diferentes pagos de impuestos por el mismo concepto, dependiendo de la entidad en la que se encuentren, es decir, un pago por alcaldía o municipio, otro por estado y el de la federación, además de que los requisitos cambian en cada uno de ellos, lo que ha dado pie a empresas de dudosa procedencia.
En estos casos, una de las soluciones para las empresas de seguridad, ha sido “incrementar el costo y al final lo viene pagando el usuario del servicio o bien, el propio personal porqué encarecen los costos y reduce la utilidad” comentó Armando Zúñiga. De la mano de la mano de la presidenta de la Comisión de Seguridad de diputados, Juanita Guerra, los empresarios del sector han trabajado en una iniciativo de ley que les permita resolver las problemáticas principales, de un sector que emplea casi 600,000 personas y que casi representa el 2% del Producto Interno Bruto en rubros muy importantes como el blindaje donde se exporta y son fuentes de divisas, según datos de ASUME.
“Esta iniciativa fue propuesta la legislatura pasada en el Senado y afortunadamente la mayoría logró que se autorizara, pero se nos quedó por tiempos en la Cámara de Diputados y actualmente hemos seguido impulsando la iniciativa en esta en la agenda legislativa, donde el reto es que los legisladores puedan conocer las necesidades del sector”, agregó.
Foto: David Deolarte
Es urgente que se regularice a las empresas privadas que ofrecen seguridad, que exista un padrón y control por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de homologarlas en las 32 entidades federativas y los municipios, sin dejar a un lado el controlar las armas que usa su personal.
Declaró lo anterior la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Juanita Guerra Mena, quien aseguró que en el actual segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura será dictaminada la minuta del Senado que expide la Ley General de Seguridad Privada, a la que de entrada se le deben hacer cambios para armonizarla con alguna otra normatividad.
La diputada de Morena, en entrevista con LA PRENSA, sostuvo: “es indispensable la homologación, creo que debe haber una regulación en cuanto a lo que es o consista a todas las empresas que prestan un servicio, porque recordemos que la seguridad pública está a cargo del Estado mexicano y éste debe garantizar la seguridad y paz a los ciudadanos”.
“El tema de seguridad privada debe estar regulado porque hay elementos que portan armas para garantizar el servicio que prestan a los ciudadanos, ya sea en domicilios, empresas, aeropuertos, existe mucho tema y elementos de la seguridad privada que están abocados a ello y lamentablemente exigen una homologación que no la existe”, refrendó la representante popular del 3er Distrito de Morelos.
Guerra Mena pugnó por un padrón real de las empresas de seguridad, un control por parte de la SSPC, lo que calificó de fundamental e importante, además de la regulación de las armas que usan y de las que solo puede conceder permiso la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo a la ley.
“Entonces considero debe haber ese orden, ese padrón, en el que exista una homologación, porque hay diferentes criterios en cada una de las entidades. Por lo tanto, teniendo una ley federal podrá haber más certeza, más garantía, no solo para los que prestan el servicio sino también para los ciudadanos”, definió la entrevistada.
Al asegurar que hay voluntad en la comisión que preside por discutir la minuta del Senado de la República e incluso atender otras propuestas en la materia para sacar una adecuada Ley General de Seguridad Privada, lo que no se descarta sea en el presente periodo ordinario de sesiones, dijo que el padrón implicaría tener una base de datos no solo de las empresas sino del personal que tienen.
Expuso que lo más importante es que se garantice la seguridad y saber quiénes lo hacen, por parte del sector privado, a la vez que manifestó que debe existir coordinación entre las corporaciones policiacas y un orden; “una supervisión por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hay un área destinada para ello y, por consiguiente, brindar certeza, una certeza a todos, tanto el que presta el servicio como el que recibe el servicio”.
Al insistirle si habrá cambios a fondo a la minuta de la ley, respondió: “no le puedo adelantar en ese aspecto, tenemos que determinar; lo importante es la homologación, la regulación y sobre todo el ordenamiento de esta parte del sector privado”.Juanita Guerra aludió que en el documento senatorial se establece un Comité de Reguladores y un Registro único de Empresas, Personal y Equipo, lo que deberá ser analizado y, por otra parte, estuvo a favor de delimitar perfiles de los elementos de seguridad privada y su obligación de profesionalizarse permanentemente, actualizarse.
Primero, estableció, se debe dictaminar con armonización, es decir de acuerdo al marco legal de la Guardia Nacional, sus normas secundarias y con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Destacó que ya está un proyecto de dictamen que estará en análisis en el órgano legislativo a su cargo, para emitir un documento final.
“El tema ya está considerado en la agenda de este segundo año de la Legislatura”, indicó.“Recuerde que debemos ser institucionales, tenemos que esperar los tiempos, lo cual se va a poner a consideración lo que es toda la comisión, los 33 integrantes diputados, los nueve integrantes que son Mesa Directiva y, por consiguiente, en su totalidad en una sesión ordinaria, pero estamos esperando porque también hay una cuestión de armonización, existen cambios, ustedes bien saben en las leyes secundarias, en la modificación Constitucional de Guardia Nacional, entonces ha habido unos cambios en cuanto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, empezando por ahí, desde su nombre y la creación de ésta”, remarcó.
En febrero de 2017, en colaboración con COPARMEX, el Poder Legislativo inició las tareas para elaborar un proyecto de Ley General de Seguridad Privada, y al cabo de distintas mesas de trabajo con prestadores de estos servicios y con autoridades reguladoras, se logró consensuar un texto normativo sólido.
Su contenido implicó la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas; la instalación de un Servicio Nacional Regulador; Modalidades y submodalidades de los servicios de seguridad privada; procedimiento para obtener una autorización única y su verificación; derechos y obligaciones de las prestadoras; y un catálogo de infracciones y sanciones; por nombrar algunos aspectos.
Con respecto al dictamen destaca que, establece un Comité de Reguladores y un Registro Único de Empresas, Personal y Equipo; delimita perfiles del personal y su obligación de profesionalizarse permanentemente; impone contar con mecanismos que eviten una doble tributación en el cobro de derechos; y prohíbe expresamente la realización de actos de espionaje o inteligencia, intervención de comunicaciones, investigación de delitos o cualquiera otra que atente contra la privacidad de las personas.
