Parece que a los regidores del cabildo de Mexicali se les están quemando las habas por agandallar las oficinas del antiguo Registro Civil en el edificio del Palacio Municipal, pues según FRANCISCO BARRAZA CHIQUETE, regidor por Movimiento Ciudadano, ya no caben los ediles en sus oficinas actuales, en las que hay 75 trabajadores, entre asesores y personal que les apoya, donde por cada uno de los 15 regidores, hay alrededor de cinco personas ayudándoles, quienes tienen que salirse cuando un edil tiene que atender a un ciudadano o de plano atender a la gente en los pasillos del Palacio Municipal.

Por si fuera poco, la queja también es que solamente tienen una puerta de entrada y salida, por lo que en caso de una contingencia tendrán que salir por la “puerta de atrás”. Sin embargo, al parecer ya está en proceso de análisis una propuesta para realizar dicho cambio de oficinas.

Tras la reciente reforma a la Ley de Aguas, que definió el mecanismo para abastecer la Zona Costa de Baja California, está garantizada una bolsa de 70 millones de pesos anuales para 2026 y 2027. ALFONSO CORTEZ LARA, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, explicó que este programa compensatorio que cambió administrativamente hacia la reasignación, busca ordenar el aprovechamiento del Distrito de Riego 014 y eliminar la ambigüedad en los pagos a los productores del Valle de Mexicali. “El acuerdo fue: sí te voy a recuperar la concesión por Conagua, pero la voy a reasignar a Tijuana. Fue un acuerdo compensatorio económico a cambio del volumen que ahora se va a reasignar”, detalló.

Según el académico, para el periodo 2026-2027 habrá un volumen de 80 millones de metros cúbicos provenientes de aproximadamente 8 mil 500 hectáreas. Sin embargo, el padrón real de usuarios directos en la zona agrícola contrasta con las versiones de supuestos pagos atomizados a particulares.

Aclaró que contrario a las versiones que sugieren una malversación o el beneficio de unos pocos, el proceso involucra a cientos de usuarios y responde a una demanda histórica de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate. “Escuché varias veces decir que les pagaban 300 millones a un usuario, eso no es cierto. Son muchos usuarios de donde se extrae el volumen. Estamos hablando de cerca de 500 usuarios a los que se les va a pagar lo mismo que se les estaba pagando”, explicó.

CORTEZ LARA agregó que el pago de aproximadamente 13 mil pesos por hectárea no llega íntegro al productor, ya que debe cubrir la operatividad de la red hidráulica. “Cerca de 9  mil pesos llegan directamente al usuario, mientras el resto se destina a gastos de operación en los módulos y en la Sociedad de Responsabilidad Limitada encargada de operar canales críticos como el canal Reforma que lleva el agua hasta La Rumorosa”.

Bajo la nueva Ley de Aguas, precisó, el concepto transferencia de particular a particular desaparece para dar paso a la mediación de la Comisión Nacional del Agua. Ahora, la dependencia federal recupera concesiones de riego no utilizadas, las integra a una reserva y las reasigna inmediatamente a los organismos operadores. 

A quien parece no quitarle el sueño la solicitud de juicio político en su contra, es a la alcaldesa de San Quintín, MIRIAM CANO NÚÑEZ, al minimizar las recientes protestas que ciudadanos llevaron a cabo para manifestarse contra su gobierno, el cual -según señalan los inconformes- se ha lucido por la falta de obras, por desvíos de recursos y malos manejos por parte de las autoridades municipales, por lo que el pasado 10 de febrero del presente año un grupo de 17 ciudadanos de dicho municipio presentaron ante el Congreso local una solicitud formal de juicio político en contra de la alcaldesa debido a las deficiencias en los servicios públicos y la falta de transparencia en los gastos del cabildo municipal.

Al respecto, CANO NÚÑEZ afirmó estar a favor, argumentando que siempre se les solicitó actuar por canales oficiales, en lugar de  tomar las oficinas, aunque resaltó que será la autoridad la que determine si las pruebas aportadas por los ciudadanos son suficientes para retirarla de su cargo. “Los ciudadanos tenían la libertad de manifestarse, pero que lo hicieran de la forma adecuada, no haciéndole daño a San Quintín con la toma de las oficinas, no teníamos cómo despachar”.