El país requiere plazos cortos y absoluta dedicación en cada poder público al atender responsabilidades propias.
Pese a que algún legislador federal advirtió “no quedará ni una coma” (sic) de la citada controversial reforma, lo cierto es que a la fecha no son nada pocos los cambios del nuevo modelo educativo vigente que ya se aplican dentro del ciclo escolar en curso de nivel primaria y secundaria.
Lo mismo desaparecieron del acervo académico determinadas materias que el formato de calificación al alumnado tendrá distinto método. Aunque gran número de padres de familia (máxime en zonas deprimidas) desconoce a detalle el sistema a través del cual estudian sus hijos en las escuelas y confía en que les preparen rumbo a un mejor futuro.
La idea de que afectaciones laborales al sector docente es razón fundamental de derogar la reforma educativa, ha venido generalizándose. Pero sin negar los derechos que al magisterio corresponden, a la sociedad mexicana le urgen definiciones sobre tan trascendente tema, pues mientras el tiempo corre y continúan implementándose disposiciones pedagógicas que quizá luego regresen a las anteriores o adopten próximas, no debe olvidarse el eventual desconcierto a impactar en los estudiantes, lo más preciado de cualquier esquema de enseñanza-aprendizaje.
Ahora si la verdadera necesidad radica en salvaguardar el -insistimos- legítimo derecho laboral, condiciones de trabajo, etc., etc., de los maestros de México, bienvenido el diseño legal que evalúe de similar manera al supremo interés de la nación representado aquí por nuestra niñez y juventud.
El Congreso de la Unión está debidamente constituido y en lo que toca a la llevada y traída reforma educativa, estimamos oportuno iniciar el análisis puntual que permita rescatar lo rescatable -de existir- y/o de plano generar a brevedad la legislación que beneficie a los principales destinatarios inmediatos: Alumnos y maestros.
