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Mexicali, 18 de marzo de 2026
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El tabasqueño secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, estuvo ayer en el Congreso estatal para “dialogar” con los diputados locales y presionar a los legisladores a que apoyen la militarización de la seguridad pública “al menos hasta el 2028”. Así que el secretario de Gobernación caminó los 30 ó 40 metros que separan el edificio del Ejecutivo del Legislativo, acompañado de la gobernadora MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA, así como una comitiva de ‘colados’ que no tenían nada qué hacer ahí.
En el salón de sesiones Benito Juárez García del Congreso local ya los esperaban los diputados locales y algunos federales, de esos que nunca vemos como ISAÍAS BERTÍN del Distrito 07; JULIETA RAMÍREZ del 02; HÉCTOR MARES COSSÍO, otros de la Zona Costa de los que ni noticias tenemos. Una sorpresa agradable fue enterarse que MIGUEL LEPE BRAVO es delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad. Bravo por eso. Sin embargo, nadie se aplicaba la presencia del dirigente estatal de Morena, ISMAEL BURGUEÑO y la del presidente del Consejo Político Estatal, CÉSAR CASTRO PONCE, aunque claro, podría argumentarse que es pareja de la presidenta del Congreso local, MARÍA ALEJANDRA ANG HERNÁNDEZ.
El secretario de Gobernación destacó las bondades de la militarización de la seguridad pública y cómo se ha venido ganando la batalla en contra de la delincuencia. También dejó muy en claro que el combate a la inseguridad no se resuelve con dinero, con lo que podemos inferir que los estados y municipios no tendrán más recursos para combatir la inseguridad. Y justificó sus dichos al señalar que los centros de vigilancia C5 se prestan para la corrupción y los contratos solo se los dan a un proveedor. Los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios tomaron la palabra, reinando la zalamería de la petista CLAUDIA AGATÓN MUÑIZ y la coordinadora de Morena, ROCÍO ADAME. Las palabras duras fueron de la legisladora por MC, DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA, quien exigió que esos datos que presumió la corcholata de Bucarelli se las presentara en blanco y negro y que se regresen los recursos de Fortaseg y de Subsemun.
Quien también quiso maltratar al secretario fue la coordinadora del grupo parlamentario del PAN, SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO, señalando que ésta no es una nueva estrategia política, ya que es la continuación de una que no ha dado resultados y que ha convertido a éste en el sexenio con más muertes. Destacó su gusto por la presencia de legisladores federales de Morena para que peleen por recursos para el estado.
LÓPEZ HERNÁNDEZ se refirió a la panista como “ALEJANDRA” y le señaló los fallos de los gobiernos panistas en seguridad pública, mientras a la diputada naranja le dijo que en Nuevo León, donde gobierna su partido, tienen una Policía Estatal que solo se dedica a cuidar las tiendas de autoservicio. Aunque seguramente la reforma pasará sin problemas por el Congreso local, no dudamos que haya sobres amarillos con los nombres de los diputados rejegos contra la iniciativa “priista” y no precisamente llenos de dinero.
Integrantes de la Alianza Migrante quemaron ayer en Tijuana los rostros de MARCELO EBRARD y el secretario de Estado en Estados Unidos, ANTONY BLINKEN, ante la falta de atención del gobierno federal hacia los venezolanos que han sido retornados a México. Incluso los propios venezolanos recién deportados a Tijuana denunciaron que el gobierno mexicano solo les ofrece refugio para permanecer legalmente en este país, pero no lo quieren por temor a que esto cancele la posibilidad de tramitarlo en Estados Unidos. Uno de ellos externó su preocupación de quedarse de manera ilegal en México porque podrían ser deportados a Venezuela. La intención de esta medida, dijo, sería descartarlos de la posibilidad de ser candidatos a una visa humanitaria en aquel país. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), anunció acciones para crear un proceso ordenado de atención a las personas que llegan a la frontera sur de Estados Unidos con la intención de reducir el flujo de quienes huyen de la crisis humanitaria y económica en Venezuela, según un comunicado publicado el pasado 12 de octubre.
Ayer, 352 venezolanos fueron retornados por el cruce fronterizo El Chaparral, los que se suman a los 140 deportados el pasado jueves. La mayoría opina que salieron de su país “engañados” de conseguir asilo humanitario en Estados Unidos. Mientras tanto, los integrantes de la Alianza Migrante exigen al gobierno federal atienda a los venezolanos porque la red de albergues de la sociedad civil a la que pretenden canalizarlos se encuentra rebasada en su capacidad.
