Torpeza
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Mexicali, 1 de abril de 2026
Quien se fue duro y a la yugular en contra de los integrantes del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano, fue la titular de la Secretaría de Gobernación, ROSA ICELA RODRÍGUEZ. Y es que a la funcionaria federal se le hizo buena idea decir que todos los líderes de este frente pertenecen al PAN, PRI y al PRD y que algunos tenían abierta una carpeta de investigación y el tomar carreteras federales es un delito. Declaraciones tan torpes por parte de una funcionaria federal no se habían visto en mucho tiempo. Y es que el solo hecho de pertenecer a un partido político diferente a Morena no es un delito, como tampoco es delito pensar diferente. ¿O ya es un delito no pertenecer a Morena o pensar diferente? Si es así, entonces ya estamos inmersos en un gobierno autoritario. ¿Qué se trata de un movimiento con fines políticos?, claro que se trata de un movimiento con fines políticos, pues se trata de que el gobierno federal cambie su política agropecuaria que en estos últimos 7 años ha sido nefasta para los agricultores. ¿Tomar carreteras federales es un delito? Claro que sí, también el robo a transporte de carga es un delito y el gobierno federal no hace nada, además los homicidios y los robos también son delitos y tampoco se hace mucho al respecto.
Así que la encargada de la política interna del país no tiene una muy buena mano izquierda que digamos, aunque se diga de izquierda, solo le echó más gasolina al fuego, cuando con solo atender las peticiones de los agricultores y entregarles los apoyos a los que ya estaban comprometidos, se resuelve el problema.
De última hora tuvo que tomar un vuelo a la ciudad bastión de la izquierda el presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo, HORACIO GÓMEZ CARRANZA, quien dijo que solo comprará el boleto de ida, ya que no sabe cuánto durarán las negociaciones. Y es que los funcionarios federales piensan que el boleto a la Ciudad de México sale muy barato, pero no es así, menos cuando se tiene que comprar de última hora, por lo que GÓMEZ CARRANZA tuvo que pasar el sombrero para la cooperacha para el boleto. En esta ocasión no lo acompañará ARTURO BELTRÁN SERRANO, quien se quedará cuidando la plaza y el bloqueo carretero, además de mantener informado a los presentes, que ya en eso de plantones están agarrando callo, ya que se encuentran bien organizados y los asistentes por hambre no pasan.
El abogado FERNANDO ROSALES dijo que la ex directora de Bienestar Social Municipal de Mexicali (Bisom), ALEJANDRA ANG HERNÁNDEZ, sí deberá testificar ante un juez por su denuncia de desvío de 3 millones de pesos el próximo 4 de diciembre. Cabe señalar que la también diputada del Congreso local presentó dicha denuncia en 2019 por dicho desvío al interior de la dependencia municipal, a la cual ella recién ingresó como titular en ese momento. Derivado de esa investigación, en octubre de este año inició un juicio oral en contra de JESÚS “N” por su presunta responsabilidad, por lo que la Fiscalía General del Estado solicitó a ANG HERNÁNDEZ acudir a audiencia para rendir declaración, pero la legisladora no acudió y pidió testificar de manera escrita, situación que fue rechazada por la jueza. Posteriormente, la diputada aseguró que no fue citada nuevamente a declarar. Sin embargo, ROSALES indicó que la diputada sí será citada a declarar, luego de que la Fiscalía estatal presentó a la jueza su lista de testigos.
En el turno de las glosas ante diputados locales, correspondió ayer al titular de la Secretaría del Bienestar en la entidad, NETZAHUALCÓYOTL JÁUREGUI SANTILLÁN, quien cifras más cifras menos destacó que en Baja California el 9.9% de la población continúa dentro de la categoría de pobreza, lo que equivale a alrededor de 373 mil 400 personas, pero “somos el único estado que está por debajo de ese porcentaje en todo el país y somos el estado con menos pobreza gracias a las políticas públicas” que ha implementado el gobierno estatal. Aunque reconoció que aún existen personas en pobreza extrema, se trata de apenas el 0.9% de la población en el estado.
Durante su informe ante el Congreso local, indicó que entre 2022 y 2025 más de 44 mil personas salieron de la pobreza extrema y esta reducción en el porcentaje de pobreza extrema deriva de las políticas públicas implementadas por los gobiernos estatal y federal, recordando que este año se invirtieron más de 5 mil millones de pesos en programas de apoyo social.
