Detecta ASF pagos irregulares por 8 mdp

Instruyen a la Secretaría Anticorrupción a sancionar a servidores públicos que carecieron de formalidad en el dictamen

Christian Galarza

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el ejercicio público del gobierno de Baja California de 2024 por un monto de 8 millones 491 mil pesos, lo que fue considerado por la ASF como un “probable daño al erario”, por lo que emitió 9 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, es decir, pidió a las dependencias investigar y sancionar a los servidores públicos involucrados en dichas actividades.

En este mes la ASF publicó la segunda entrega del informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2024, donde incluyeron todos los informes de auditoría a las cuentas públicas de dependencias federales y estatales que recibieron recursos de la Federación.

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En el caso del gobierno de Baja California, la ASF detectó un probable daño al erario público por la cantidad antes mencionada tras haber ejercido de manera irregular dicha cifra correspondiente a recursos federales.

Las dependencias donde detectaron las irregularidades fueron el Colegio de Bachilleres del Estado (Cobach), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte); Secretaría de Hacienda estatal y en la utilización de recursos pertenecientes al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), ejercidos por el gobierno estatal.

La irregularidad más costosa se detectó en el Cecyte, donde no se aclararon 3 millones 367 mil 819 pesos. De acuerdo a los pliegos de observación emitidos, la auditoría señaló un probable daño al erario por 3 millones 076 mil 990 pesos por realizar pagos a 21 trabajadores que no cumplieron con los requisitos establecidos en el perfil de puestos.

Asimismo, detectaron otro daño por 290 mil 828 pesos con 85 centavos por realizar pagos de horas que no se ajustaron a los tabuladores de sueldos autorizados. También se emitieron sólo dos pliegos de observación, la ASF envió cuatro documentos de Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) con el objetivo de sancionar a servidores públicos que registraron inadecuadamente la erogación de los recursos y no destinaron éstos de acuerdo con los términos del gasto.

Otro de los documentos de promoción instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado a sancionar a los servidores públicos que carecieron de formalidad en el dictamen que fundamentó y motivó la excepción a la licitación pública del contrato 105/087/2024. Finalmente, instruyeron a la misma autoridad a sancionar a quienes no acreditaron los procesos de adjudicación, ni la evidencia de la conclusión y entrega de las obras.

COBACH

En el caso de Cobach, se determinaron 2 millones 276 mil 144 pesos con 23 centavos pendientes por aclarar. Específicamente, detectaron un probable daño al erario por 2 millones 208 mil 644 pesos por realizar pagos con los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales a trabajadores después de haber sido dados de baja y a trabajadores que no cumplieron con los requisitos establecidos.

De igual manera, detectaron otro daño en la misma institución de 67 mil 500 pesos por destinar recursos del gasto federalizado del ejercicio fiscal 2024 para el mantenimiento de oficinas sindicales y regalos para la celebración de aniversario del sindicato.

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La auditoría a esta dependencia resultó en la emisión de una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 5 PRAS y dos pliegos de observaciones.

En cuanto a las PRAS, la ASF instruyó al Órgano Interno de Control de Cobach fincar responsabilidades y sancionar a los servidores públicos que no presentaron evidencia de la entrega del servicio ni de la entrega de los bienes de dos contratos de adquisición de servicios. Asimismo, exigió al mismo Órgano Interno de Control sancionar al responsable de no presentar evidencia de la publicación de la convocatoria a la licitación pública del contrato número CBBC-DRMS-17/2024 en algún medio oficial. También dictaminó sancionar al servidor público que no aportó la documentación referente a un trabajador que desempeñó funciones en otro organismo descentralizado. Le siguió otro documento de promoción en contra del servidor público responsable de no presentar el total de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que correspondiera al importe reportado como ejercido.

La última PRAS se emitió contra el responsable de no identificar la documentación justificativa y comprobatoria con el nombre de la fuente de financiamiento correspondiente y carecía de los registros del egreso debidamente actualizados, identificados y controlados.

La ASF detectó otro probable daño al erario por 2 millones 585 mil 502 pesos con 73 centavos, luego de auditar el recurso federal proveniente del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), que en Baja California fue ejercido por la Secretaría de Hacienda del Estado. Concretamente, la autoridad fiscalizadora determinó que con dicho monto se realizó la contratación para llevar a cabo una obra, misma que, aunque el contratista presentó la documentación de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, ésta fue presentada con alteraciones en la fecha de la revisión efectuada por la autoridad tributaria.

PROAGUA

De igual manera, señalaron la falta de aclaración de 262 mil 402 pesos en el ejercicio del recurso perteneciente a Proagua. En específico, indicaron un probable daño al erario por 175 mil 121 pesos con 63 centavos, por no reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos no devengados conforme a la norma por conceptos y diferencias de volúmenes de obra no ejecutados que se pagaron injustificadamente.

Además, detectaron otro daño al erario por 87 mil 281 pesos con 33 centavos, debido que dicho recurso fue catalogado como remanente de Proagua.

TAMBIÉN EN CONAGUA

La ASF también detectó otro probable daño al erario por un millón 733 mil 374 pesos en el proyecto Construcción y Rehabilitación de la PTAR San Antonio de los Buenos, aunque éste no estuvo a cargo del gobierno estatal, sino de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Defensa Nacional.

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El informe incluyó dos pliegos de observaciones y una PRAS. En cuanto a los pliegos de observación, el primero detectó un daño al erario por 623 mil 466 pesos por concepto de intereses generados, mientras el segundo pliego indicó un probable daño por 109 mil 908 pesos con 73 centavos por pagos injustificados en dicha obra.

RESPONDE EL COBACH

Desde La Voz de la Frontera se solicitó la postura del Cobach, Cecyte y la Secretaría de Hacienda del Estado. Sin embargo, sólo Cobach y Hacienda BC enviaron un posicionamiento al respecto: “Aún no está determinado algún daño, estamos en la etapa de observación, el monto es 2’276,144… El Colegio en este momento está en la etapa de solventarlas, a partir de ahí la Federación las revisa y todavía tenemos otros 30 días para terminar la etapa de pruebas; dar una entrevista o tarjeta en este momento sería muy anticipado, dado que todavía nos quedan dos periodos de aclaración con la Federación y según la info de finanzas es muy probable que sean desestimadas”, indicaron desde el Cobach.

ACLARA HACIENDA

“Durante la segunda entrega de los informes individuales de la cuenta pública 2024 del Gobierno de Baja California, la ASF consideró el 100% de los recursos asignados al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), arrojando como resultado una observación en el proyecto denominado ‘Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Alhelí, Col. Márquez de León, Ensenada, B.C.’.

Esta obra se llevó a cabo en tiempo y forma por la Secretaría del Bienestar del estado como autoridad responsable del proyecto. En ningún momento se detuvo o estuvo en riesgo su ejecución, en todas las etapas del proyecto se cuenta con reportes fotográficos y bitácora que comprueban el avance y cumplimiento del contratista con todas las especificaciones del contrato.

Ésta se encuentra funcionando sin ningún problema. Es importante destacar que la observación realizada por la ASF tiene relación con la falta de un requisito administrativo por parte del contratista al momento de formalizar el contrato. Esto no significa que no se haya realizado o que esté mal erogada. En este sentido, la Secretaría de Hacienda realiza las acciones correspondientes y legales para proporcionar al organismo fiscalizador las aclaraciones, justificaciones y sanciones en esta observación, para lo cual dispone de 30 días hábiles a partir de la notificación”, aclaró la Secretaría de Hacienda.