Propone diputado penas contra introducción de celulares en centros penitenciarios

La pena propuesta oscilaría entre 1 y 3 años de prisión

Juan Diego Echevarría Ibarra, diputado del Congreso del Estado de Baja California / Christian Galarza

Christian Galarza

Quien introduzca o entregue algún dispositivo de comunicación a una persona privada de la libertad en los centros de reinserción social podrá ser acreedora de una pena de hasta 3 años, propuso Juan Diego Echevarría Ibarra, diputado del Congreso del Estado de Baja California.

El legislador recordó que el 12 de noviembre de 2025 el entonces director de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe), José Gabriel Gálvez Beltrán, compareció ante el pleno del Congreso del Estado, donde fue cuestionado sobre la publicación de vídeos y transmisiones desde centros de reinserción social estatales.

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En su momento, el titular de Cesispe reconoció los hechos, sin embargo, los justificó, asegurando que la posesión de teléfonos celulares al interior de los centros no constituía ningún delito. Esto a pesar de que el diputado panista le señaló que la ley establecía penas contra servidores públicos que otorgaran ese tipo de beneficios a los reclusos.

Al respecto, Echevarría Ibarra presentó una iniciativa para sancionar a aquellas personas que introduzcan y entreguen celulares, equipos de comunicación, chips, memorias, baterías, cargadores o cualquier dispositivo indispensable para su funcionamiento a una persona privada de la libertad en centros de reinserción social y centros para adolescentes.

“Estamos buscando que sea más claro el tipo penal para ese tipo de conductas y que no se preste a interpretaciones por algún funcionario público irresponsable como el ex director de los centros penitenciarios”, manifestó.

Esto estará contemplado en los artículos propuestos 287 BIS y 287 TER del Código Penal del Estado, con penas de entre 1 y 3 años de prisión y 200 días de multa, que también establece como agravante a dicha conducta si fue cometida por servidores públicos.

La propuesta también contempla los casos en que la introducción y entrega de los dispositivos sea en persona, a través de alguien o por medio de drones.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) mencionó que la iniciativa fue presentada en la sesión ordinaria del pasado 29 de enero y se encuentra bajo análisis en la consultoría del congreso. En ese sentido, indicó que una vez concluído el análisis la propuesta deberá ser turnada a la Comisión de Justicia para su dictaminación.

Por su parte, el diputado Ramón Vásquez Valadez informó el 27 de noviembre de 2025 que presentaría una iniciativa para penar tanto la introducción y facilitación, como el uso de dispositivos de comunicación móvil al interior de los centros penitenciarios del Estado.

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En ese momento, el legislador de Morena mencionó que su propuesta contemplaba como agravantes la complicidad de servidores públicos y familiares en el ingreso de dichos dispositivos. Incluso, propuso sancionar a los funcionarios que no tomen las medidas administrativas conducentes para desincentivar esas conductas.

Sin embargo, a más de dos meses de su presentación, la propuesta no ha sido discutida ni votada en el pleno del Congreso del Estado.