Art / Contra la corrupción

El adagio popular según el cual “la corrupción somos todos” es a la vez certero y falso. Es certero si entendemos la corrupción como un fenómeno que puede hundir sus raíces en una cultura o una forma de ser.

Lo es más si pensamos en el hecho de que, muchas veces, las instituciones del Estado suelen promover una cultura de la corrupción y la impunidad. No lo es, si asumimos que en la sociedad mexicana la mayor parte de la ciudadanía valora la integridad y rechaza la corrupción.

Esta meditación sucede en el contexto de una discusión abierta por la Presidenta de la República sobre la corrupción. Tuvieron que pasar más de siete años para que el régimen en el poder reconociera, aunque sea tácitamente, que el flagelo de la corrupción persiste en todos los niveles de gobierno. Creo tal aceptación, es al menos una suerte de avance ético y, sería de esperarse, punto de partida para combatirla.

En recientes declaraciones, la Jefa del Ejecutivo critica al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que surgió de un vigoroso reclamo de la sociedad civil y que se estableció a nivel institucional al final del sexenio del Presidente Peña Nieto. Aunque es cierto que la operación del SNA no ha sido la esperada, la descalificación tiene un enfoque ideológico, dado que tanto en el sexenio anterior como en lo que va del actual, fueron los funcionarios públicos los principales responsables de la falta de operatividad del SNA quienes incluso sabotearon en reiteradas ocasiones su funcionamiento con múltiples inasistencias a las reuniones de los órganos. A pesar de este punto negativo, hay que reconocer que la Presidenta de la República puso el énfasis en un aspecto sin duda fundamental: la necesidad de que las denuncias de los ciudadanos se procesen con la mayor premura y atingencia.

Esto es un paso necesario pero no suficiente. Se requiere un marco normativo renovado y un resdiseño institucional de gran calado. Por eso en mi calidad de Diputado Federal presenté el 17 de septiembre del 2025 una iniciativa de Ley General del Derecho a un Ambiente Libre de Corrupción.

Ahí expuse un diagnóstico de la situación actual, así como las medidas que se deben adoptar para hacer realidad el sueño de que los mexicanos vivamos en un mundo libre de corrupción.

Para empezar hay que decir que las normas actuales tienden a concentrarse en el castigo a los responsables (sea por la vía administrativa o penal) y en la reorganización institucional (creación de sistemas y órganos de control), pero no han reconocido formalmente a la corrupción como un agravio a la sociedad en su conjunto, ni han facultado plenamente a la ciudadanía para exigir su combate como un derecho exigible. Esta carencia limita la efectividad de la participación ciudadana y del control social en las políticas anticorrupción.

Ante ello, pienso que los pilares principales de un sistema anticorrupción renovado son:

1) El reconocimiento expreso del derecho y sus componentes. 2) El establecimiento de obligaciones claras para las autoridades de todos los niveles. 3) Abrir espacios suficientes para la participación ciudadana y protección a denunciantes. 4) El reconocimiento y atención de las víctimas de corrupción. 5) El fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción con enfoque de derechos. Para ello, la ley (de ser aprobada) encomendará al Comité Coordinador del SNA que ajuste la Política Nacional Anticorrupción para incluir objetivos, líneas de acción e indicadores específicos relacionados con la garantía de este derecho. 6) Promover en los programas de estudio en todos los niveles educativos la cultura de la integridad y el cambio cultural hacia una nueva ética cívica.

La iniciativa tiene un carácter integral, no se limita a un solo aspecto, sino que abarca la prevención, la participación, la sanción, la protección a víctimas y la reparación del daño, todo ello bajo la premisa del derecho de la sociedad a la buena administración y al buen gobierno sin corrupción. Se trata de pasar del discurso a la práctica, dotando de herramientas legales a los ciudadanos y cerrando filas entre autoridades y población en torno a un objetivo común: erradicar la corrupción de la vida pública mexicana.

La corrupción, en tanto fenómeno que erosiona los fundamentos del Estado de Derecho y lesiona derechos humanos en cascada, requiere ser enfrentada con herramientas legales innovadoras y firmes. Reconocer el Derecho a un Ambiente Libre de Corrupción significa colocar al ciudadano común en el centro de la lucha anticorrupción: empoderarlo para vigilar, exigir cuentas y reclamar reparación cuando se ha fallado. Entraña también transformar la relación gobernante-gobernado, bajo la premisa de que la autoridad es depositaria de la confianza pública y debe responder ante la sociedad por sus acciones u omisiones. No me queda duda que la iniciativa que puse a consideración del Poder Legislativo representa un paso decidido en esa dirección.

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