Roberto Gil Zuarth, abogado y exsenador del PAN, no improvisó. Citó fuentes oficiales del propio gobierno federal y del Inegi. Su respuesta, serena y demoledora, quedó grabada para la historia:
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Sheinbaum se enfurece porque Roberto Gil Zuarth dijo en Fox News lo que todos callan: la extorsión creció más del 50% bajo el obradorismo y los cárteles cobran un impuesto paralelo que el gobierno federal ya no puede ni quiere frenar. El crimen organizado no es un “problema de seguridad”; es el verdadero competidor del poder en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum estalló. No porque haya muerto un policía o porque un empresario haya sido secuestrado en pleno día. Estalló porque un político mexicano -y panista-, se atrevió a decir en Estados Unidos la verdad que ella se niega a reconocer dentro de México: el delito de extorsión se ha convertido en el cáncer que devora la economía y la soberanía nacional. Por algo García Harfuch lanzó la Estrategia Nacional contra la Extorsión del Gobierno Federal, porque sí hay un grave problema en esa materia y ellos lo saben aunque lo minimicen como mantra.
“A la presidenta le molestó mucho una entrevista que di en Estados Unidos, en la que expuse el enorme problema del delito de extorsión que tenemos en nuestro país. Dice que no sabe de dónde saqué los datos, dijo el panista a través de un vídeo difundido en redes: “Pues de sus propias fuentes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal reporta que entre 2018 y 2025, los años del obradorismo, las víctimas de extorsión aumentaron en más del 50%. Pero no sólo eso. El daño a las empresas es enorme. Según la encuesta de victimización de las empresas del Inegi, que también cité en mi entrevista, la extorsión es el delito que más afecta a las unidades económicas. Y el dato más grave y el que más le enojó.
El 65% de las empresas que enfrentan el cobro de piso tienen que pagar lo que les exigen los cárteles. Presidenta, no se pelee con la realidad. Vaya y hable con los empresarios, con los aguacateros, los limoneros, los mineros, los gasolineros. Todos están bajo el yugo de los carteles y los ciudadanos terminamos pagando un doble impuesto, el del gobierno y el del narco. Dirija su indignación a quienes entregaron nuestra tierra a los criminales y que forman parte de su movimiento.
Y sobre su molestia de que opinemos en medios en Estados Unidos, le recuerdo que allá viven más de 39 millones de personas de origen mexicano. 12 millones nacidos en México. Cada uno de ellos tiene aquí una historia, una familia y un amigo que es víctima de extorsión y del crimen organizado. Nadie conspira contra usted. Sólo describimos la dura realidad de nuestro país”, aseguró el político chiapaneco.
Cada palabra es un puñetazo al estómago de la narrativa oficial. Porque Gil Zuarth no habla de “percepciones”. Habla de datos duros del gobierno de la 4T. La extorsión no sólo creció: se consolidó como el mecanismo mediante el cual el crimen organizado compite directamente con el Estado en lo más delicado: la capacidad de recaudar, de controlar territorios y de decidir quién produce y quién quiebra. Es un intento a la mala de formar un Estado paralelo y eso sí es grave, intentar controlar la narrativa de que eso es mentira sólo engaña a sus “borregos”, así hasta que la realidad los golpea en carne propia.
Eso es lo que nadie quiere nombrar en Palacio Nacional: el narco ya no es un actor paralelo. Es un competidor exitoso del gobierno federal en materia de “impuestos”, de “seguridad” y de “gobernanza”. Cobra más rápido, más eficiente y con menos trámites que Hacienda. Impone su ley en Michoacán, en Colima, en Sonora, en Guanajuato, en Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo, Chiapas y en media República. Y lo hace porque el Estado se retiró. La doctrina “abrazos, no balazos” no fue ingenuidad: fue entrega. La subordinación de las fuerzas armadas a un proyecto político, la destrucción de las policías locales y la negación sistemática de la realidad terminaron por fracturar al propio partido en el poder. Su narrativa genera un estado de implosión lenta como venenosa radiación mortal que se fuga del reactor morenista.
Sheinbaum no responde con un plan. Responde con rabia. “¿Qué hacen en los medios de Estados Unidos?”, pregunta, como si denunciar el cobro de piso fuera traición a la patria. Esa visceralidad no es liderazgo; es el reflejo de un gobierno que se resquebraja, porque el creador de la falsedad ya se lavó las manos y luego se manosear vulgarmente la democracia mexicana y ultrajar la ley a placer, ahora el cagadero lo tiene que limpiar otro u otra, que no sabe, no puede y no quiere lidiar con algo que ella no provocó, pero que sí alimentó con vil voracidad de poder. Son los costos de servirle a un vil político.
Cada vez que la realidad golpea, el oficialismo responde con descalificación, con conspiraciones imaginarias y con el viejo truco de culpar al mensajero. Estamos a nada de escucharles: “es un complot” y no lo han dicho sólo porque esa maldita frase ya fue acuñada por otro igual de maldecido. Mientras tanto, los aguacateros de Michoacán pagan “derecho de piso” para poder exportar; los gasolineros de todo el país operan bajo amenaza; los mineros de Sonora trabajan para dos patrones: el gobierno y el cártel. Y los 12 millones de mexicanos nacidos aquí que viven en Estados Unidos lo saben mejor que nadie porque cada llamada de sus familias termina con la misma frase: “ya nos cobraron otra vez”.
Este es el debate nacional que la 4T quiere evitar a toda costa: el crimen organizado no sólo desafía al Estado; lo reemplaza en las funciones más básicas. Recauda, regula, castiga y, sobre todo, genera obediencia donde el gobierno sólo genera discursos. La extorsión no es un “delito común”. Es la prueba irrefutable de que el monopolio de la violencia que debe tener el Estado mexicano se ha roto en pedazos y que esos pedazos los recogieron los cárteles.
Sólo así se entiende que regiones completas del país estén en manos del crimen organizado, porque ellos están mejor organizados que el Estado y ellos sí, no se andan con dudas, ponen candidatos, compran campañas enteras, instalan jueces y magistrados, regulan el libre tránsito en carretera, deciden quien entra o quien sale de un municipio a otro. Regulan el mercado, de acuerdo al pago de ese arancel -derecho de piso-, ellos dicen qué y a cómo se vende.
Gil Zuarth no inventó los números. Los sacó del propio gobierno. Y Sheinbaum, en lugar de ordenar una estrategia real contra el cobro de piso, prefiere pelearse con la realidad y con quien la nombra. Esa fragilidad no es personal; es estructural. Es el resultado de seis años de decisiones erróneas, de estupideces disfrazadas de logros, de negación ideológica y de un partido que hoy se desmorona entre corrientes, traiciones y la evidencia de que perdieron el control del territorio, si no, pregúntele a Rubén Rocha Moya, el sujeto que dice gobernar Sinaloa o Alfredo Ramírez Bedolla que sale a decir que en Michoacán, todo está bajo control del gobierno. Los sinaloense y los michoacanos están hasta la madre de vivir con miedo, con el Jesús en la boca.
México ya no puede seguir fingiendo. El narco no compite por el rating; compite por el poder real. Y mientras el gobierno federal siga reaccionando con enojo visceral en vez de con resultados, el único que avanza es el que cobra el doble impuesto: el del fisco y el del plomo. Nos leemos la próxima semana…
