Las caravanas de tractores y los bloqueos de carreteras realizados recientemente en distintos estados de México son más que un simple corte a la movilidad: son un grito de alerta. Agricultores de entidades como Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Sinaloa y otros han elevado la presión sobre el gobierno federal al exigir un sistema de precios y apoyos que por años han considerado insuficiente.

Su principal reivindicación es que el precio de garantía del maíz, y de otros productos básicos, se eleve de los aproximadamente 6 mil 50 pesos por tonelada ofrecidos por la autoridad, hacia una meta de 7 mil 200 pesos por tonelada, con el argumento de que los costos de producción, insumos, combustibles y fertilizantes han subido y que el mercado internacional ya presiona a la baja. Pero no se quedan ahí: también piden la prohibición o restricción más estricta de importaciones de maíz blanco que compiten a precios bajos, mayores apoyos crediticios y seguros agropecuarios, y un diálogo directo con la presidencia para dar salida a la crisis del campo.

El sector agrícola ha sido durante décadas un pilar del desarrollo económico, social y alimentario de México: produce alimentos, genera empleo en zonas rurales, da vida a pueblos y comunidades alejadas de los grandes centros urbanos. Sin embargo, la dinámica de la política pública, el comercio internacional y la inversión privada no le han dado al campo la prioridad que merece. Estos bloqueos lo evidencian: un actor estratégico que se siente ignorado, y que, de no ser escuchado, opta por llevar su reclamo a las carreteras.

Es importante también mirar hacia dónde sí se ha dado otra atención al campo. Por ejemplo, en la Unión Europea existe la Política Agrícola Común (PAC), cuyo objetivo explícito es “ayudar a los agricultores a obtener un nivel de vida digno, garantizar la seguridad alimentaria y mantener vivas las zonas rurales”. Aun cuando la PAC tiene sus críticas, el simple hecho de que el bloque europeo destine decenas de miles de millones de euros anuales al campo, habla de una prioridad mayor que la que en México se percibe. También hay países que aplican precios mínimos de apoyo, subsidios o mecanismos que fortalecen la renta agrícola.

No obstante, en México estos bloqueos no pueden verse sólo como actos legítimos de protesta: también son terreno fértil para el oportunismo político. La exposición mediática de los tractores en la autopista, el manifiesto compartido en redes sociales, la foto con legisladores de la oposición apoyando “al campo hoy” contrastan con lo que se hizo o dejó de hacer en gestiones anteriores. Es razonable preguntarse: ¿por qué ahora ese apoyo cálido de partidos y políticos cuando en otros tiempos el campo fue invisibilizado? No es que los agricultores deban dudar de los aliados, pero conviene que la sociedad observe cuándo el respaldo se formula desde la convicción y cuándo desde la conveniencia electoral. Que el apoyo que ahora se brinda al campo se hubiera brindado antes, sin necesidad de bloqueos ni coyunturas urgentes, podría ser un testimonio más de coherencia que de oportunidad política.

Actualmente, el diálogo entre representantes del sector agrícola y el gobierno federal continúa, con mesas de trabajo instaladas en torno a los precios de garantía, las importaciones y los programas de apoyo. Aun así, los productores sostienen que las propuestas oficiales resultan insuficientes para garantizar la viabilidad económica de sus cultivos. El reto, para ambas partes, es construir un acuerdo que reconozca la realidad de los costos y del mercado global, pero que también asegure la soberanía alimentaria y la estabilidad social del país. Un entendimiento duradero requerirá más que promesas: demandará compromiso, planeación y voluntad política de largo plazo.