Gisèle Pelicot tenía 67 años cuando supo que más de 50 hombres la habían violado en la última década. Ni siquiera podía reconocerse a sí misma en las imágenes que la policía le mostraba: parecía una muñeca, inerte, sin vida y, sobre todo, inconsciente de lo que estaba ocurriendo con su cuerpo. La historia estremeció al mundo; sin embargo, la justicia no parecía suficiente para el calvario experimentado.

¿Cómo fue posible tal horror? Algunos hombres declararon no saber que cometían una violación. Sin embargo, hoy sabemos que al menos 62 millones de personas han accedido a espacios digitales donde este tipo de violencia no solo se comparte, sino que se enseña. Investigaciones periodísticas han documentado la existencia de plataformas como Motherless, donde usuarios difundían contenido de mujeres inconscientes y compartían consejos para abusar de ellas, incluso dentro de relaciones de pareja.

El dato resulta estremecedor: decenas de millones de visitas a este tipo de sitios. Una cifra que equivale, en términos simbólicos, a la población masculina de un país entero. No se trata únicamente de agresores directos, sino de una audiencia que consume, valida y normaliza la violencia. Son millones de potenciales perpetradores o cómplices que encuentran en estos espacios una guía para convertir el abuso en práctica.

La dimensión más perturbadora de este fenómeno es que rompe con una idea profundamente arraigada: que el peligro está afuera. Muchas de estas agresiones ocurren dentro del hogar, en relaciones de confianza, donde las mujeres son drogadas o violentadas por sus propias parejas o familiares cercanos. El lugar que debería ser refugio se transforma en el escenario del delito.

En México, este contexto no es ajeno, sino parte de una crisis más amplia. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 66.1% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y menos del 10% denuncia. La cifra refleja no solo la magnitud del problema, sino la falta de confianza en las instituciones encargadas de proteger.

El feminicidio, la forma más extrema de esta violencia, sigue marcando al país. Casos como el de Edith Guadalupe —que se suman a una lista interminable— evidencian no solo la brutalidad de los crímenes, sino la negligencia institucional. En muchos casos, las familias enfrentan procesos lentos, revictimizantes y, en ocasiones, condicionados por prácticas de corrupción. La ayuda no llega de inmediato; la justicia, cuando llega, suele ser tardía.

El caso de Edith es un recordatorio latente de por qué México es un país feminicida, pues lejos de encontrar apoyo en las autoridades, nos topamos con solicitudes absurdas de pagos para poder cumplir una labor urgente, desgraciadamente las omisiones de justicia derivaron en el hallazgo del cuerpo inerte de una joven cuya familia pidió apoyo para su búsqueda, pero la atención fue omisa hasta que el caso se volvió mediático.

Esta realidad configura un escenario alarmante: la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino un sistema que se reproduce en múltiples niveles. Desde espacios digitales donde se normaliza el abuso, hasta estructuras sociales e institucionales que fallan en prevenirlo y sancionarlo.

Estos casos y la existencia de comunidades que promueven la violencia sexual obligan a replantear una pregunta incómoda: ¿qué tan normalizada está la violencia en nuestra sociedad? Porque no basta con señalar a los agresores directos; también es necesario cuestionar a quienes consumen, toleran o minimizan estas prácticas.

Si esto sigue ocurriendo, no es solo por quienes ejercen la violencia, sino porque aún no somos plenamente conscientes de su impacto. Mientras existan personas que crean tener derecho sobre el cuerpo y la vida de otras, y mientras la omisión siga siendo una constante, el problema persistirá. Seguiremos viviendo un terror que supera cualquier ficción, uno que no se proyecta en una pantalla, sino que se habita todos los días.