El proyecto político en el poder no busca transformar México; busca refundarlo bajo una lógica hegemónica donde toda disidencia es criminalizada y toda institución independiente es vista como obstáculo.
La concentración de poder avanza mientras la oposición y la sociedad civil son sistemáticamente descalificadas.
Con todo, no es momento de claudicar, sino de resistir.
X: @lorenapignon_
El primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum revela con claridad meridiana la consolidación de un proyecto autoritario que, bajo el discurso de la “transformación”, está desmantelando sistemáticamente los pilares de la democracia mexicana. Más allá de las cifras optimistas que presenta, lo verdaderamente alarmante es la velocidad con que se erosionan las instituciones que durante décadas sirvieron como contrapesos al poder presidencial.
La desaparición de los organismos constitucionales autónomos representa el golpe más severo al sistema de pesos y contrapesos. El INAI, la COFECE, el CONEVAL, la CRE y otros órganos especializados no eran “lujos burocráticos” como los califica el oficialismo, sino diques institucionales contra la discrecionalidad gubernamental. Su eliminación concentra poder en el Ejecutivo de manera peligrosa, eliminando la supervisión técnica y especializada que garantizaba transparencia y competencia en sectores estratégicos.
Pero el retroceso más grave lo encontramos en la reforma judicial. Contra todo argumento técnico y jurídico, se destruyó la carrera judicial que garantizaba la profesionalización de impartidores de justicia. La elección popular de jueces, magistrados y ministros no democratiza la justicia; la politiza irreversiblemente. Los juzgadores, ahora dependientes de campañas electorales y grupos de poder, pierden la independencia que es esencial para el Estado de derecho.
La estrategia gubernamental para favorecer candidatos afines a Morena fue evidente durante el proceso. Aunque las denuncias de irregularidades fueron múltiples y documentadas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó una elección viciada desde su origen. La justicia mexicana quedó subordinada al proyecto político en el poder, convirtiendo a los tribunales en extensiones del aparato gubernamental para sus venganzas.
En materia de derechos humanos, el retroceso es igualmente preocupante. La militarización creciente, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y el debilitamiento de organismos protectores de derechos configuran un escenario donde el ciudadano queda indefenso frente al poder estatal. Las reformas constitucionales aprobadas no fortalecen derechos; concentran poder.
El autoengaño en materia de seguridad resulta particularmente grave. La presidenta celebra reducciones en homicidios mientras México mantiene niveles de violencia comparables con países en guerra. Si realmente hubiera avances significativos, ¿por qué el gobierno estadounidense intensifica señalamientos sobre vínculos criminales en el aparato gubernamental mexicano? La presión internacional no surge de percepciones, sino de realidades que el discurso oficial pretende ocultar.
La política de “abrazos, no balazos” no ha pacificado al país; ha permitido la consolidación territorial de grupos criminales que hoy desafían abiertamente al Estado. Los asesinatos de alcaldes, candidatos y periodistas continúan, evidenciando que el crimen organizado mantiene su capacidad de veto sobre la política local y la libertad de expresión.
México enfrenta su crisis democrática más severa en décadas. Los contrapesos institucionales han sido neutralizados, la justicia ha sido capturada y los derechos ciudadanos están siendo subordinados a la razón de Estado. El país que heredaremos a las próximas generaciones será sustancialmente distinto al que recibimos: menos libre, menos democrático, más autoritario.
