Por Fernando García Ramos
Así, desde ese año la Constitución en su artículo 41 estableció la prohibición para que en la propaganda política que difundan los partidos políticos o las candidaturas se abstengan de realizar expresiones que calumnien a las personas postuladas.
Actualmente se prepara una reforma electoral de gran calado y desde el Poder Ejecutivo se ha integrado una comisión que tiene encomendada esa tarea. Para ello, se realizan en todo el país audiencias públicas, abiertas a la ciudadanía para que esta comisión escuche propuestas o inquietudes en torno a nuestro sistema electoral.
Al respecto, cabe hacer algunas precisiones que no se deben perder de vista cuando se habla de una reforma de este tipo. Para comenzar, llama la atención que, a diferencia de las reformas electorales previas, como las de los años 1977, la del año 1991 y la de 2006, esta sería la primera reforma que no deriva de una demanda de la oposición, por el contrario, es a instancia del gobierno en turno, sin que esta pecualiaridad por sí misma descalifique o legitime los cambios que se van a proponer.
También es necesario considerar que una reforma electoral significa cambios en las leyes y desde ahí se busca incidir en la realidad social. Ahora bien, es necesario preguntarse qué es lo que se busca modificar en esa realidad, cuáles son los objetivos deseados y cuáles los efectos no deseados que pudiera tener la iniciativa que eventualmente se presentará.
Por ejemplo, en el 2006 se buscó que las campañas políticas dejaran a un lado la denostación entre candidatos, precisamente a partir de los mensajes negativos dirigidos a un competidor en particular y con los cuales un partido político construyó gran parte de su campaña.
Si bien, los fines perseguidos por esta restricción son nobles, pues buscaban elevar el nivel del debate, lo cierto es que tuvo como efecto nocivo un aumento en las denuncias que se presentaban en contra de candidatos, partidos políticos, así como de periodistas con las cuales buscaban inhibir la libertad de expresión y con ello coartar el intercambio de información que son propios de la democracia.
Otro caso de modificación a la contienda electoral es el relativo al financiamiento público de los partidos políticos, con el que se busca hacer contiendas más equitativas, así como eliminar la influencia del dinero ilícito en las campañas. Podemos pensar que tales objetivos han sido alcanzados, por lo que ahora vemos elecciones cada vez más competidas y justas. Sin embargo, para algunos podría parecer excesivo el recurso que se destina a los partidos políticos en desmedro de otras necesidades urgentes de la sociedad.
Con estos ejemplos se quiere evidenciar que una propuesta que se estima positiva o que persigue fines legítimos, a veces puede generar otro tipo de consecuencias que no necesariamente sean las que se buscaban en un inicio. Por eso mismo es importante saber con precisión cuáles son los aspectos que se pretenden cambiar y cómo se piensa hacerlo.
Además, es importante señalar que toda reforma a la Constitución, pero máxime tratándose de una en la materia electoral, debe contar sí o sí con el mayor respaldo ciudadano posible, pues a través de ella se definen las reglas de la competencia por el poder y quien resulte ganador en la contienda contará con mayor respaldo y, en consencuencia, con más legitimidad democrática para ejercer el mando y la autoridad si ha ganado a través de reglas y procedimientos aceptados plenamente por todos los actores.
