Para el próximo martes 19, a las 10:00 de la mañana, está programada la asistencia de Josefa González Blanco, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a una relevante reunión en las instalaciones del Museo Interactivo de Xalapa (MIX).
Su presencia se dará una semana después del terrible incendio forestal que devastó más de 500 hectáreas de coníferas en el municipio de Las Vigas, y a 47 días de haber presentado en Minatitlán, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el programa denominado “Visión Nacional hacia una Gestión Sustentable: Cero Residuos”, que contempla el saneamiento del tiradero a cielo abierto de Las Matas, en el sur del estado, por lo que pretendían construir un relleno sanitario en el municipio de Chinameca, proyecto que se canceló por el rechazo de los pobladores.
Pero la presentación en Xalapa de la maestra González Blanco ha despertado el interés también de algunos consultores y representantes de organizaciones no gubernamentales que intentan acercarse a ella para exponerle su desencanto ante las malas prácticas que pese al reciente cambio de régimen se siguen manteniendo y encubriendo en la representación de la Semarnat en Veracruz, la cual –nos dicen– continúa controlada por la misma mafia burocrática enquistada desde hace más de 25 años.
Este grupo es encabezado por el biólogo Jorge Santander Espinosa, subdelegado de Gestión y encargado actualmente de la Delegación acéfala. Su mano derecha es Ricardo Moreno Molina, Jefe de Unidad de Gestión. Ambos, según nos afirman, son los que determinan cuáles estudios ambientales o trámites proceden o no, mediante la solicitud de presuntos “apoyos” ya establecidos.
De acuerdo con la información que nos hicieron llegar, son secundados por la bióloga Margarita Maldonado Hernández, Jefa del Departamento de Impacto Ambiental; por el ingeniero Jesús Alarcón Landa, Jefe de Unidad de Recursos Naturales, y por Amada Mendoza Sibaja, encargada del CIS, que anteriormente era la Oficialía de Partes, para el control de archivo e información. Pero nos comentan que no opinan ni deciden, sino que sólo obedecen instrucciones de Santander y de Moreno, pese a que sobre ellos recae la responsabilidad como servidores públicos ante las observaciones o señalamientos hechas por parte de autoridades de diferente nivel, ONG’s o público en general. Ha trascendido que estarían por reventarles dos casos: una demanda que la ONG Earth Mission interpuso ante las procuradurías federal y estatal de Protección al Medio Ambiente por inconsistencias e irregularidades en la autorización del Fraccionamiento Mandara, en el municipio de Alvarado, un desarrollo inmobiliario que está arrasando con los manglares, y el del robo de una laptop del área de impacto ambiental que guarda información interna y de las autorizaciones.
