¿Letra muerta? Feministas piden difusión sobre despenalización del aborto en Veracruz
Todavía hay pendientes y hace falta difusión específicamente en lo que tiene que ver con la reforma al Código Penal que despenalizó el aborto
Ariadna García / Diario de Xalapa
Feministas del estado señalaron que, si bien el gobierno de Veracruz ha cumplido con algunas de las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado, todavía hay pendientes y hace falta difusión específicamente en lo que tiene que ver con la reforma al Código Penal que despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación puesto que pareciera “letra muerta”.
Luego de que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijera en conferencia de prensa que la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) podría retirar la alerta por violencia de género por agravio comparado que se emitió en el 2017 en el estado; especialistas en el tema aseguran que todavía queda mucho por hacer para garanizarle a las veracruzanas sus derechos en materia de aborto.
Aunque hay avances son insuficientes: Equifonía
Araceli González Saavedra del colectivo Equifonía, aseguró que la cuestión a analizar es que, aun cuando hay avance en cuanto al diseño de un programa de aborto seguro, sigue habiendo diferentes pendientes sobre todo en cuanto a la difusión de este programa además de la difusión de los cetros a donde pueden acudir las mujeres.
“Nos parece que tendría que haber una línea específica para la difusión de los servicios a los que tienen derecho las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual", dijo
Y es que, expuso que la propia Norma 046 establece medidas para la atención a víctimas de violencia sexual y pareciera que las reformas hechas al código penal de Veracruz si bien son adecuadas, el proceso de implementación ha sido mucho más lento de lo esperado.
Recientemente el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) podría retirar la alerta por violencia de género por agravio comparado que se emitió en el 2017 en el estado.
“Es interesante que lo solicite el gobernador porque a lo largo de estos años el Estado ha sido beneficiado con un recurso por parte del gobierno federal para el cumplimiento de las medidas. Es un presupuesto limitado, cierto, es un presupuesto insuficiente, tan es así que sólo tenemos un centro de justicia para las mujeres que cubre cuatro municipios y el resto, bueno, no cuenta con este tipo de instituciones".
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Sin embargo, remarcó, ha servido para diferentes medidas, tanto en la de violencia feminicida como de agravio comparado.
Por ello, refirió que si el mandatario estatal está solicitando que se levante la alerta por agravio comparado, tendría que informar respecto a qué medidas se está contemplando para el diseño de una política pública integral para el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y el acceso de las víctimas de violencia sexual a los servicios de salud, incluida la IVE, lo que implica no sólo presupuestos sino también personal, lo mismo que la difusión con la ciudadanía y garantizar el trato digno en estos servicios que se otorgan.
“El gobernador podrá solicitar que se levante la alerta, solo que será competencia de los grupos de trabajo hacer un análisis de los avances del cumplimiento de las medidas y determinar si es viable o no que se levante alguna de las alertas y en este en específico por agravio comparado”.
Reiteró que, aunque ha habido avances, lo cual se reconoce, han sido insuficientes y no se ha transitado hacia esta política integral, la cual retome todos estos análisis y aprendizajes que se pudieran tener de ambas alertas y que se oriente a una protección más amplia de los derechos que se han negado o que se han restringido y que dieron origen a estas alertas.
Las ILE´S se “regatean” en el sector salud
Por su parte la académica Estela Casados expuso que una sola acción no es suficiente para que, a corto plazo, se pueda retirar una declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en este caso por Agravio Comparado puesto que el sector salud “regatea” este servicio de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
"No es un proceso que con una sola acción se pueda retirar, eso, por un lado. Por otro lado, es importante que el funcionariado del gobierno del estado y principalmente el titular del ejecutivo estatal conozcan a fondo tanto la solicitud que dio origen a la declaratoria como la declaratoria misma, en el sentido de que es una serie de recomendaciones y acciones que se dan desde el gobierno federal vía CONAVIM para que se pueda manejar, atender la declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado".
Dijo que las declaratorias de alerta de violencia de género son un mecanismo federal que lo que pretenden es que haya una armonización estratégica de acciones que permitan de manera integral poder abatir problemáticas específicas para las mujeres que les cuestan su vida o que vulneran sus derechos humanos.
“Me explico, la legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación es un solo elemento de varios que se manejan en la declaratoria y no se cumplimenta la misma solamente atendiendo ese aspecto”, reiteró.
Recordó que, aunque desde julio de 2021 que se hizo la modificación en el Código Penal Local para que se permitiera el aborto en el estado de Veracruz hasta las 12 semanas, lo cierto es que al momento de operativizar esa reforma, vía los servicios de salud, esta no ha sido satisfactoria.
“Los servicios de salud y el funcionariado que está relacionado para atender este derecho, vía esta reforma al Código Penal no está cumpliendo su trabajo debidamente. De esto te pueden dar constancia las acompañantes de aborto y aquellas compañeras pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil locales que han tenido que trabajar contra viento y marea para que se puedan concretar algunas solicitudes de aborto, porque tanto el funcionariado estatal como puntualmente de la Secretaría de Salud, regatean el servicio y sigue siendo prácticamente letra muerta la reforma al Código Penal para permitir el aborto antes de las 12 semanas”, dijo.
Con ello, acusó que se siguen vulnerando y revictimizando a las mujeres, por lo que no es claro, por qué se tenga que retirar la declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado.
No se brinda acceso a aborto legal, gratuito y seguro
La abogada feminista Esmeralda Lexiur de la asociación Abogadas con Perspectiva, agregó que hay todavía un camino por recorrer porque se requiere trabajar en la política pública dado que, en la práctica, los abortos siguen negándose.
"Es decir, todavía hay estigma sobre el tema, hay que trabajar en la política pública porque en la práctica los abortos siguen negándose".
Señaló que el objetivo de la alerta es que funcione y que sea un mecanismo temporal, sin embargo, subrayó que, desde las organizaciones distan de lo dicho por el gobernador de Veracruz puesto que si bien se hizo la reforma al Código Penal para el tema de despenalizar parcialmente el aborto hasta las 12 todavía hay un camino por avanzar.
“Te pongo un ejemplo de la falta de acceso al aborto hace que las mujeres vean mayores posibilidades de acudir con las acompañantes que con el servicio público que tendría que estar disponible, gratuito, sin ningún estigma. Y sin embargo, las compañeras y acompañantes que hacen un trabajo extraordinario y completamente honesto, ético, más que nunca tienen solicitudes de acompañamiento. Y esto es porque no está respondiendo el Estado como se debe y no estoy diciendo que todo el Estado. Hay áreas que seguramente no están aterrizando la información, que no está debidamente capacitada y que siguen poniendo pretextos”.
Incluso refirió que, en Veracruz y otras entidades federativas, se han promovido una serie de amparos, como los que se estuvieron promoviendo entre otras organizaciones Abortistas MX y Abogadas con Perspectiva, en Puerto de Veracruz y Xalapa, porque las mujeres van y no se les brinda el servicio en instituciones como el IMSS y el ISSSTE.
“Entonces, en la práctica esto es un tema en donde, si bien la ley dice una cosa, en la práctica la política pública todavía no está funcionando, y en tanto la política pública no funcione, que es brindar realmente un acceso al aborto seguro, legal y gratuito, entonces no podemos hablar de que las condiciones de las mujeres de discriminación se están atendiendo o están mejorando, en tanto eso no pasa”.
Remarcó que el Código Penal es solamente un paso importante, lo que han reconocido las mismas organizaciones no es lo único que debe hacerse. “Ojalá las mujeres estuvieran recibiendo el servicio de aborto seguro que se necesita, pero ni todas las clínicas, ni todos los hospitales lo hacen, y los pocos que se supone que tendrían que estarlo haciendo, tampoco lo realizan”, añadió.
¿Qué establecía la alerta?
Entre las medidas solicitadas, destacan: realizar la modificación del artículo 149 del Código Penal para el estado, conforme a lo establecido en el Informe del Grupo de Trabajo; reformar los artículos 150 y 154 del Código Penal y divulgar e implementar la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas para el estado de Veracruz y la NOM 046 para la adecuada y diligente atención a víctimas de violencia sexual, garantizando el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) por violación.
Asimismo, garantizar que en todas las regiones del estado se cuenten con centros de salud en que se provean los servicios seguros, oportunos, de calidad y gratuitos para la ILE, y que, en caso de no contar con los mismos, se asegure su canalización a aquellos en los que se presta el servicio; y deberá contar con personal de salud no objetor de conciencia, capacitado en los métodos de interrupción legal del embarazo, tanto médicos como quirúrgicos.
Otras medidas son registrar los abortos médicos llevados a cabo por tipo de causal legal; llevar un efectivo control de constitucionalidad y convencionalidad, a través de la aplicación de los principios de interpretación conforme y pro persona, en los casos relacionados con el delito de aborto, y garantizar la reparación integral del daño para las víctimas de violaciones a derechos humanos por la falta de acceso al aborto legal.
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