Década de impunidad
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*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana
Xalapa, 3 de abril de 2026
*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana
Era 23 de diciembre de 2015. Ese día caminaba por calles céntricas de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz. Mis pasos me llevaron a Palacio de Gobierno. Lo que ahí observé no lo olvidé porque de inmediato supe que ese podría ser mi espejo en algunos años: un contingente nutrido de personas adultas mayores jubiladas que habían cotizado en el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), fueron atacadas violentamente y en plena calle por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Se encontraban en protesta pacífica debido a que llevaban varios meses sin recibir su pensión de manera puntual. Flavino Ríos Alvarado, secretario de gobierno en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, ordenó la represión mientras se encontraba en una mesa de diálogo con una comisión de personas jubiladas.
Éste no es un hecho aislado en el país. Los reclamos por la falta de pago y las protestas por el desfalco y fragilidad financiera de las instancias encargadas de ministrar los recursos se han presentado en distintos puntos del país. Uno de los más recientes, debido a la falta de pago del aguinaldo, tuvo lugar en el estado de Guerrero el 17 de diciembre pasado.
Es precisamente el último mes de cada año cuando la inconformidad se intensifica debido al derecho incumplido de recibir pago mensual de la pensión y aguinaldo. Tal como sucedió en el estado de Veracruz en 2015, los fondos son insuficientes debido a décadas de corruptelas y robo que han despojado tanto a las y los trabajadores en activo como a quienes ya se han jubilado “con todas las prestaciones de la ley”.
En un país como México, donde la precariedad e informalidad laboral prevalecen, recibir una pensión ha pasado de ser un derecho a convertirse en un privilegio. El sistema corrupto y voraz que prevalece ha desarticulado cualquier principio de justicia. Si a ello sumamos la desigualdad abismal que prevalece entre las pensiones exorbitantes que reciben algunas personas y las monedas que se destinan a otras, ubicamos ahí otro elemento que suma injusticia y franca molestia.
Es un tema que las generaciones que comenzamos a laborar formalmente en la primera década del siglo XXI vemos de lejos. Hemos cometido el error de pensar que ya no contamos con el derecho a una pensión, ya sea porque el sistema de pensiones nos arrebató esa posibilidad o porque nuestra fuente de trabajo es inestable, precaria o informal. Lo cierto es que no deberíamos habernos acostumbrado a normalizar la situación, pero lo hemos hecho. Pensamos que es un problema individual que cada quien debe resolver de la mejor manera, sin observar que nos encontramos en una encrucijada generacional que más nos vale resolver colectivamente.
Volviendo a Veracruz, en los últimos nueve años el pago de pensiones se ha normalizado. Además de alivio, ello ha provocado que gradualmente la agresión sufrida hace una década caiga en el olvido. Algunas de las personas jubiladas que fueron agredidas ya han fallecido, otras que recientemente se han jubilado permanecen indiferentes ante el tema y quienes somos trabajadoras y trabajadores activos poco o nada nos hemos preocupado en dar seguimiento a la institución que debería proveernos en nuestra vejez.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz determinó que no había delito que perseguir ante acusaciones que señalaban que en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa hubo un saqueo a la reserva Técnica del IPE por mil 600 millones de pesos. La Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) logró que un juez reconociera como válida esta impugnación y ordenara a la Fiscalía que retomara la investigación.
En 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación acreditando violaciones a derechos humanos derivadas de las agresiones sufridas en 2015 a las personas jubiladas. En cumplimiento parcial a esta recomendación, el gobierno estatal ofreció una disculpa pública en 2019.
Ha sido una década de impunidad. Lo que refleja va más allá del colapso de un sistema de pensiones garante de los derechos humanos en México. Evidencia la continuidad de un sistema depredador que colapsa la vida de la población más vulnerable del país, aquella que atraviesa la vejez con incertidumbre y becas que son paliativo, pero no una solución.
