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Localmartes, 20 de noviembre de 2018

Cincuenta años de conflictos religiosos

Se agudizaron nuevamente durante el gobierno de Juan Sabines, entre los años 2006 y 2012

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Ricardo Del Muro / Segunda parte

  • Cada cuatro meses se reúne el Cich para analizar casos de intolerancia y expulsiones

Lee la primer parte: Sacerdotes y pastores unidos contra la intolerancia religiosa

El más reciente caso, sucedió el 17 de agosto de 2017, cuando seis familias evangélicas fueron expulsadas del ejido Ya’ altzi Tres Lagunas, municipio de Comitán, por lo que se mantiene una mesa de negociación, promovida por la subsecretaría de Asuntos Religiosos, sin que a la fecha se hayan logrado acuerdos que permitan el retorno de estas familias.

De 77 expedientes de conflictos religiosos recibidos en 2012, se lograron resolver 144 asuntos y al terminar el actual sexenio sólo quedan 12 casos en vías de solución, indica Víctor Hugo Sánchez Zebadúa, subsecretario de Asuntos Religiosos del gobierno de Chiapas.

El municipio de Las Margaritas fue escenario de conflictos religiosos durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. El 8 de octubre de 2000 fueron expulsadas 25 familias evangélicas en el ejido Justo Sierra y el 6 de octubre de 2004 se registró otro desplazamiento forzado en la comunidad 20 de Noviembre.

Muchas familias que habían sido expulsadas de sus comunidades en aquellos años, pudieron retornar a sus lugares de origen, en base a mesas de negociación, coordinadas por la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del gobierno estatal, en fechas recientes. Destacan los casos en el municipio de Las Margaritas:

El 27 de enero de 2015, las familias evangélicas desplazadas del ejido “La Piedad”, pudieron regresar a su comunidad, aunque cinco familias optaron por quedarse a vivir en Comitán, debido a que habían vendido sus tierras. Actualmente las autoridades ejidales son representadas en un 90 por ciento por personas que profesan una fe evangélica.

El 24 de marzo de 2015 se logró el retorno de 12 familias que por diferencias religiosas con la mayoría de la comunidad habían sido expulsadas desde el año 2011 del ejido “Buena Vista Bahuitz”.

En el ejido La Realidad, el 15 de julio de 2015, se firmó un acta de acuerdos, en la que las partes se comprometieron a respetarse mutuamente, quedando garantizada la libertad de creencias y de culto de todos los habitantes del lugar,

Igual sucedió en Gabriel Leyva, el 7 de mayo de 2017, que se firmó un Convenio de Civilidad, Distensión y Respeto Mutuo entre las partes, permitiendo el regreso de varias familias desplazadas.

También en la localidad Pushilá, municipio de Altamirano, el 20 de diciembre de 2013 se firmó un Acta de Acuerdos y Convivencia Comunitaria, permitiendo el regreso de familias desplazadas.

Un caso triste fue el de “Rosario Bahuitz”, donde el Ayuntamiento donó un predio para que pudiera regresar una familia que había sido expulsada en 2013, pero ésta no retornó al ejido ya que había perdido sus tierras de labranza.

“Aquí no discutimos cuestiones de fe, ni cuestiones religiosas. Nos reunimos, nos saludamos, nos vemos como hermanos y sabemos que tenemos diferentes creencias, pero no se trata de ganar adeptos, sino de lanzar propuestas para el bien social”, reafirma el sacerdote José Luis Aguilera Cruz, actual presidente del Cich.

(continuará)

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