En México, la censura ya no se presenta como antes. No llega en forma de prohibición abierta ni de silencios impuestos por decreto. Hoy opera de manera más sofisticada: se castiga la crítica.

No es percepción. Es una tendencia que se repite. La vía legal se ha convertido en uno de los principales mecanismos para limitar la crítica pública.

El impacto es claro: opinar cuesta más.

El fondo es preocupante: no solo se inhibe la crítica, se borra el mensaje.

A nivel nacional, los patrones se repiten. La judicialización de la opinión crece, la intimidación se normaliza y la sátira históricamente parte de la vida democrática comienza a ser señalada o sancionada.

Distintas resoluciones han advertido que el uso del poder público para señalar o exhibir a voces críticas puede convertirse en una forma de presión indirecta que limita la libertad de expresión.

Hoy no se prohíbe hablar. Se encarece hacerlo.

Y cuando opinar implica riesgo, el silencio deja de ser una decisión… y se convierte en consecuencia.

Defender la libertad de expresión no es un discurso, es una obligación democrática. Porque sin crítica, no hay contrapeso. Y sin contrapeso, no hay democracia.