El modelo de organización electoral mexicano establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es dual, esto quiere decir que lo rigen dos órganos distintos, por un lado, se encuentra el administrativo que lo ejecuta el Instituto Nacional Electoral y por el otro lado el jurisdiccional que es ejercido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Estos dos órganos electorales trabajan bajo los principios constitucionales y facultades que les son conferidas tanto por la Constitución Federal como por las leyes secundarias; para cumplir con sus funciones realizan un gran número de procesos y procedimientos internos con la finalidad de fundamentar y motivar sus actuaciones.

Con motivo de la gran cantidad de tareas, tanto en el área administrativa como jurisdiccional en materia electoral, es necesario incentivar y motivar un cambio dentro de la estructura y función orgánica de las autoridades electorales en nuestro país, es decir tenemos que mejorar e innovar en la manera de cómo logramos cumplir con nuestras obligaciones como funcionarios públicos.

Es por lo anterior que se propone que los órganos electorales exploren la posibilidad de acreditar un proceso de certificación con la finalidad de reducir al mínimo las áreas de oportunidad al momento de cumplir con sus obligaciones constitucionales. Es decir, profesionalizar la actividad electoral siendo más eficiente y mejorando el resultado final.

¿Pero qué es una certificación? La certificación es una forma de hacer referencia y evaluar la conformidad para determinar si un proceso, sistema o procedimiento cumple con los requisitos específicos. Es decir, básicamente una certificación es establecer un modelo ideal para avalar un producto o un proceso haciendo cumplir los requisitos y normas específicas que respaldan el resultado final.

Entre otras, consiste en: i) un mapeo de sus actividades, ii) designar personal bajo un perfil idóneo para los puestos a desempeñar, iii) asignar roles, iv) cumplir con los indicadores establecidos, v) elaborar formatos para homogeneizar procesos, vi) celebrar reuniones periódicas con el fin de atender áreas de oportunidad, vii) atender las observaciones de un ente independiente y viii) promover su aplicación.

Con la certificación se busca desarrollar un sistema que brinde certeza jurídica, amplíe el acceso a la justicia, garantice el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de la ciudadanía, fortalezca el desempeño institucional y además propiciar una administración eficiente y responsable de los recursos.

Todo lo anterior constituye un beneficio, pues los órganos electorales que cuenten con una certificación conocerán su desempeño y tendrán un referente que garantice las reglas y alcances de su participación en los procesos electorales, pues cada funcionario conocerá las tareas que le corresponden e identificará plenamente sus roles dentro de la estructura orgánica.