Como es de conocimiento público, el titular de la Secretaría Pública del Estado (SSPE), Gilberto López Loya, encabezó este mes en curso la primera reunión anual de coordinadores de los Centros de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), en la que participaron ocho municipios –Juárez, Delicias, Ojinaga, Parral, Nuevo Casas Grandes, Meoqui, Camargo y Jiménez—(faltó Cuauhtémoc, que enfrenta al narcotráfico) con el fin de fortalecer la seguridad y coordinar acciones en torno a los asesinatos de mujeres y hombres, secuestros, desaparición de niñas y niños, y masacres de bandas del narcotráfico, en lo que va en nuestro estado en 2022.

El titular de la Secretaría Pública del Estado dijo a los asistentes: “Quiero que entendamos lo relevante que es su función como controladores de emergencias, por ello les damos la importancia necesaria porque la estrategia estatal se basa precisamente en su trabajo”.

En la reunión también estuvieron presentes el encargado de la Comisión Estatal de Seguridad (Javier Contreras Juárez); el subsecretario de Inteligencia y Análisis Policial (Héctor Martínez Lara), así como representantes del Departamento de Control de Emergencias 911 del Municipio de Chihuahua y la Policía Cibernética.

En síntesis, los ejes fundamentales del Complejo Estatal de Seguridad Pública, son: la Policía de Investigación, los agentes del Ministerio Público y la Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria, los cuales forman parte de la promoción y acceso de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los Centros de Comando, Control, Comunicación y Cómputo son indudablemente significativos. Establecen algunos de los mecanismos y estrategias a desarrollar de forma integral y conjunta para mejorar las herramientas tecnológicas y digitales que contribuyan a la prevención y difusión del delito en toda la entidad, que, desde mi punto de vista, dejan de lado el contexto social para consolidar la seguridad en la entidad, esto es, el análisis situacional que estamos viviendo.

El Complejo Estatal de Seguridad Pública que está iniciando requiere tener una visión clara de su trascendencia, pero no sólo de la tecnología digital. Es preciso tener una visión clara de su trascendencia desde una perspectiva de Estado, pero también social.

Preguntémonos: ¿De qué sirve a los ciudadanos tener modernas cámaras digitales, amplios espacios recreativos, oportunidad de adquirir una casa, un automóvil, enseres domésticos e inclusive un trabajo, si el Gobierno del Estado es incapaz de garantizarles su integridad física, moral y seguridad patrimonial?

El deber primordial de todo gobierno es procurar que los ciudadanos convivan en un marco de respeto, legalidad y justicia. Atender esta demanda social es responsabilidad de los tres poderes de la Unión –Ejecutivo, Legislativo y Judicial—y de las tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.

Es evidente que el peso fundamental de esas responsabilidades referidas recae, de manera significativa en los órganos e instancias ejecutoras de combatir el delito y el crimen y procurar la justicia de los ciudadanos. Ellos son los más expuestos a escrutinios de los ciudadanos y de las corporaciones policiacas las cuales sin recato alguno, contrarrestan la imagen positiva de los ciudadanos en materia de seguridad y justicia.

“La policía violenta los derechos humanos; aplica tortura sistemática a los detenidos; es cómplice de los delincuentes, está al servicio del crimen organizado; los feminicidios son fruto de ‘las esposas infieles’ y/o ‘prostitutas’, los pobres son los que asaltan ciudadanos y roban carros y casas, los que se drogan y explotan a sus hijos” y muchas cosas más.

El respeto, la legalidad y la justicia del pueblo está en el limbo del Poder Judicial, que por lo general –eso sí-- apoya a exgobernadores y abogados corruptos, pero no sólo eso, también hace caso omiso de los jefes de los cárteles de la droga, el desvío de la desigualdad social de ricos y pobres, y de la violencia a las feministas.

Propongo que los ciudadanos formen parte también del Complejo Estatal de Seguridad Pública, creando Comités de Defensa en barrios, colonias, rancherías y demás espacios de crisis donde viven, con el fin de aportar a la policía la seguridad o inseguridad que viven, y al Poder Judicial los clanes de la violencia que generan a ellos y su familia, y la de las organizaciones criminales que controlan sus comunidades.