El 21 de enero de este año en curso se realizó en Chihuahua en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACh, la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia y el esclarecimiento histórico de las violaciones graves a los derechos humanos, cometidas de 1965 a 1990, encabezado por la chihuahuense Alicia de los Ríos y el Relator Especial, sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de la no repetición.

La Comisión para la Verdad fue creada por decreto presidencial promovida por el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador, el 6 de octubre de 2021, para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con hechos de violencia graves de derechos humanos, en especial, el asesinato en 2014 de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Guerrero, “desaparecidos”, según adujo Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la Justicia.

Infortunadamente sigue en el limbo, no por la Comisión de la Verdad creada por el presidente y los ciudadanos, sino por el Poder Judicial de las fiscalías e incluso, la Suprema Corte de Justicia, los cuales han hecho caso omiso, al presidente de la república, la Secretaría de Gobernación, la CNDH y, sobre todo, de Alejandro Encinas, fundador de la Secretaría de Gobernación de la Comisión de la Verdad.

Tan es así, que miles de ciudadanos se manifestaron acordes a la Comisión de la Verdad y esclarecimiento del asesinato de los normalistas, que el primer día de su mandato el presidente expuso que “emitirá un decreto constitucional” en el que se ordenaría a todas las instancias gubernamentales a colaborar con las investigaciones para así eliminar las trabas que a lo largo de esos cuatro años han encontrado las pesquisas.

Afortunadamente se incorporó a la Comisión de la Verdad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han reactivado la asistencia técnica para apoyar las investigaciones, que la PGR y los tribunales colegiados del Poder Judicial han hecho caso omiso a partir de entonces.

Por su parte, Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la Justicia, argumentó sin prueba ni evidencia científica alguna, que los 43 normalistas fueron detenidos por policías de Iguala y Cocula y entregados al grupo criminal “Guerreros Unidos” quienes secuestraron a los normalistas, los torturaron, mataron e incineraron en un basurero a la salida de Iguala, los cuales nunca fueron detenidos y procesados.

Después corrió la versión de que uno de los cinco camiones en que se trasladaban al Distrito Federal para apoyar un aniversario más del 2 de octubre de 1968, “llevaba una carga de heroína negra” y que por esa razón los había confundido como sicarios “de un grupo adverso a los Guerreros Unidos”, y habían baleado los policías a siete de los estudiantes en uno de los camiones y asesinado e incinerado a los 43 sobrevivientes normalistas, el clan de los “Guerreros Unidos”.

La “verdad histórica” inventada por la PGR a contrapelo de las pruebas periciales del Equipo Argentino de Antropología Forense, no tuvo otro propósito que el de evadir su “responsabilidad y proteger a los culpables de la desaparición de los normalistas”.

Veremos y diremos si la Comisión de la Verdad y la Justicia proceda y castigue no sólo a los culpables de la desaparición forzada, sino también a las autoridades de los tres niveles del gobierno de ese entonces, cuya irresponsabilidad, negligencia y complicidad hicieron caso omiso.