Otro avance crucial es el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, pensado para comunidades indígenas y regiones rurales que nunca han tenido una concesión justa. Se trata de que nadie quede fuera del acceso a un recurso que es de la nación.
En las últimas semanas, el país ha vivido un debate intenso sobre la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Se especuló mucho y, en medio del ruido, parecía fácil perder de vista lo esencial: el derecho humano al agua y la urgencia de ordenar un sistema que durante décadas relativamente funcionó; pero a la vez dejó en incertidumbre a miles y miles de productores. Hoy quiero contarle a la gente, con claridad, por qué defendí estos cambios.
Primero, algo fundamental: la iniciativa original no se aprobó tal cual. Hicimos 68 modificaciones. Cada ajuste surgió después de escuchar a quienes viven todos los días de la tierra: mujeres y hombres que producen los alimentos que llegan a cada mesa. Ellos fueron la brújula, y sus inquietudes dieron forma a un dictamen con un profundo sentido social.
Uno de los temores más repetidos era que la nueva legislación separaría el agua de la tierra, afectando el valor de los predios y la seguridad jurídica de las familias. No era un miedo menor: el agua es vida, pero también patrimonio. Por eso decidimos dejarlo escrito sin ambigüedades: cuando una tierra se vende, se hereda o se transmite, la concesión de agua sigue vigente, con los mismos derechos para el nuevo propietario. Nada se pierde, nada se fragmenta.
También enfrentamos un problema histórico: el acaparamiento. Durante años se permitió que existieran títulos guardados como si fueran acciones financieras, sin producir, sin regar, sin beneficiar a nadie. Ese modelo se acabó. La ley establece reglas claras para impedir la especulación y garantizar que el agua se use para lo que debe usarse: vivir, producir y abastecer a las comunidades.
Hubo también desinformación. Que el gobierno quería apropiarse del agua de lluvia. Que ya no se podría heredar el agua. Que todo estaba diseñado para controlar a los productores. Nada de eso es cierto. La captación pluvial se impulsa, no se prohíbe; y la herencia del agua queda garantizada con un procedimiento ágil que obliga a Conagua a expedir el nuevo título en un plazo máximo de 20 días.
Lo digo con la frente en alto: cuando esta iniciativa llegó al Congreso, yo estaba en contra. No iba a permitir que el campo de Chihuahua quedara desprotegido. Pero después de escuchar, corregir y trabajar con honestidad, hoy puedo decir que logramos una ley mejor, más humana, más justa.
Al final, esta reforma no sólo ordena un sistema agotado: reconoce el lugar del campo en la historia de México. Si hoy dimos un paso firme fue gracias a quienes trabajan la tierra y defienden cada gota con dignidad. A ellos les debemos escuchar siempre, incluso cuando el ruido político quiera imponerse. Ese es, y seguirá siendo, mi compromiso.
