La extorsión se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para la operación, inversión y crecimiento de las empresas en México. No es un fenómeno nuevo, pero sí uno que ha cobrado fuerza como una presión estructural que asfixia a quienes generan empleo formal y apuestan por el país. Según datos oficiales, en 2025 se registraron 11,081 víctimas de extorsión, lo que representa un aumento de 78% en la última década. Además, 20 de las 32 entidades federativas vieron crecer este delito, muchas con incrementos de dos y hasta tres dígitos.

Este panorama no solo refleja una falla en las estrategias de seguridad pública, sino también un deterioro preocupante en las condiciones de certidumbre para invertir y operar. La cifra negra del delito —con un 97% de casos no denunciados— agrava aún más el escenario: las estadísticas disponibles apenas muestran la punta del iceberg. En este entorno, las empresas operan bajo amenaza constante, enfrentando decisiones difíciles que van desde reducir operaciones hasta cerrar definitivamente, con la consecuente pérdida de empleos formales.

Frente a este contexto adverso, Chihuahua emerge como una excepción notable. En 2025, nuestra entidad se colocó entre los tres estados con menor tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes: apenas 0.3 casos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto, en un país donde entidades como Guanajuato o Ciudad de México registran tasas entre seis y siete veces mayores.

No pretendemos afirmar que el problema está resuelto ni minimizar las experiencias de quienes lo han padecido. Pero sí es justo reconocer que algo se está haciendo bien. Las autoridades locales —en coordinación con la sociedad civil, el sector empresarial y cuerpos de seguridad— han logrado contener el avance de este delito, y esa contención debe protegerse, profundizarse y, sobre todo, replicarse en otras regiones del país.

Desde COPARMEX, insistimos en que combatir la extorsión debe ser una prioridad de política pública. No podemos permitir que el miedo y la coerción sigan desplazando a la legalidad, inhibiendo inversiones o cerrando negocios. Urge fortalecer las fiscalías estatales con unidades especializadas en extorsión, asegurar canales de denuncia seguros y eficaces, y blindar a las empresas contra cualquier forma de intimidación o abuso, venga de donde venga. Se requiere inteligencia, coordinación, inversión pública y compromiso de todos los niveles de gobierno.

Chihuahua demuestra que sí es posible avanzar. Que cuando hay voluntad, estrategia, corresponsabilidad y vigilancia ciudadana, se puede hacer retroceder al crimen. Sigamos apostando por una economía formal, libre de extorsiones, donde las empresas prosperen con seguridad, certidumbre y respeto al Estado de Derecho. Es tiempo de cerrar filas por un México más seguro, justo e incluyente, donde el emprendimiento y el trabajo honesto no vivan bajo amenaza, sino bajo protección.