Sin embargo, ese patrón sufrió un cambio a partir de ese momento, cuando la política económica neoliberal precarizó el trabajo de millones de mexicanos reduciendo el valor del salario hasta la cuarta parte, así como las prestaciones asociadas al mismo. Y le voy a dar un dato: En 1981, con un día de salario mínimo equivalía lo que se podía comprar con 400 pesos del 2018. Sin embargo, en 2018 el salario mínimo apenas era de 87 pesos.

Como respuesta, familias enteras desarrollaron estrategias para involucrarse intensamente al mercado laboral, caracterizadas por un aumento de la participación laboral de segmentos antes dedicados a las labores domésticas, a la crianza y cuidado de los hijos, como era el caso de las mujeres jóvenes y adultas.

Este modelo de abandono y trabajo intensivo se multiplicó en las ciudades fronterizas, particularmente en Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa, donde la participación laboral de las mujeres jóvenes alcanzó tasas próximas al 30 por ciento, mientras en otras ciudades semejantes, del resto de México, no superaba el 10.

A principios del nuevo milenio, párrocos de Ciudad Juárez alertaron de esta tragedia social: 10 mil jóvenes asociados al narcotráfico, con armas de alto poder y agrupándose bajo patrones propios de la delincuencia organizada, con la complicidad de los cuerpos de seguridad.

El gran error resultó en una absurda política de confrontación sin modificar las bases que generaban la violencia generalizada, como eran la infiltración, la limitada formación e indisciplina de los cuerpos de seguridad, la corrupción del sistema de impartición de justicia y una política salarial que mantenía en la pobreza a millones.

Otra estrategia era reformar el Sistema de Justicia; ya aprobamos la Reforma Judicial y vamos por la integración del cuerpo policial que, mediante procesos formativos, y bajo una estricta disciplina, garantizarán un nuevo régimen de seguridad, capaz de derrotar y liquidar a la delincuencia organizada.