En los últimos días las iniciativas presidenciales para reformar los sistemas pensionarios y los procesos electorales atrajeron nuestra atención, por tratarse de propuestas que tocan aspectos muy sensibles de nuestra organización económica y de nuestra vida política.

Todos sabemos de la dificultad que entraña administrar con justicia un fondo de retiro; la incertidumbre y múltiples factores que determinan, tanto el monto de las contribuciones, como el reparto futuro de las pensiones.

Probablemente por ello nunca nos asombró que el sector público descentralizado pagara a sus altos ejecutivos montos exorbitantes; pero nunca imaginamos la magnitud del abuso: la existencia de pensiones próximas a un millón de pesos mensuales.

La cuenta es larga y creo que lo importante de la reforma en esta materia es que fue aprobada por unanimidad y servirá de fundamento para que México establezca, por primera vez en su historia, límites claros a la mayor parte de los sistemas pensionarios. 

Ante ello, es saludable que los opositores escuchen la voz de nuestra Presidenta, quien repetidamente ha comentado que la ciudadanía no quiere ni necesita legisladores con tantos privilegios.

Chihuahua debe abrir esta discusión sin evasivas. Si el país ha comenzado a poner límites a los abusos que durante años se normalizaron en el sistema de pensiones y en el manejo de los recursos públicos, no hay razón para que el Congreso local permanezca al margen.