El mensaje oficial en México ha sido tajante: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin embargo, tras años de aplicar esta máxima, la realidad nos obliga a reflexionar si realmente se están cuidando los recursos o si es una simple narrativa política.
Seguimos viendo a funcionarios y legisladores con estilos de vida que nada tienen que ver con la austeridad: casas y autos de lujo, viajes y gastos excesivos a la vista de todos. Al parecer, la austeridad es una regla que se aplica a las oficinas y servicios públicos, pero no a las personas que ostentan el poder.
El ahorro no se mide solo por lo que dejas de gastar hoy, sino por lo que terminas pagando después. El ejemplo más claro es la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Fue una decisión que se vendió como un acto de honestidad y ahorro, pero que terminó costando millones de pesos en indemnizaciones y ni una persona sentenciada penalmente. Al final, nos quedamos con una deuda enorme y con un sistema aéreo deficiente.
Es contradictorio que, mientras se recortan presupuestos para medicinas, se inyecten recursos en proyectos que nadie sabe cuándo darán beneficios reales. Refinería Dos Bocas: Un proyecto que ha gastado el doble de lo planeado y que todavía no produce lo que prometió. Tren Maya: Una obra que ha pasado por encima de advertencias técnicas y ambientales, devorando recursos que pudieron usarse en hospitales o escuelas de todo el país. Se presume ahorro en lo necesario, pero se gasta a manos llenas en obras que parecen más caprichos que estrategias para el país.
Lo más grave es cuando el “ahorro” significa dejar de proteger a la gente. Al desaparecer el FONDEN, dejaron al país sin dinero listo para reaccionar ante huracanes o terremotos. Al debilitar a los organismos de transparencia, nos quitaron el derecho a saber en qué se gasta nuestro dinero.
Finalmente, todo este esquema lo terminan pagando los mismos: quienes trabajan y emprenden en la formalidad. Mientras se reparten apoyos económicos de forma masiva, la presión de los impuestos y la burocracia cae con más fuerza sobre los trabajadores y empresas que sí cumplen con la ley. Se castiga a quien produce para sostener un modelo que reparte dinero pero que no ayuda a que el país crezca de verdad.
La austeridad debería servir para ser más eficientes, no para dejar de funcionar. Cuando el supuesto ahorro se traduce en servicios públicos deficientes, en la pérdida de instituciones clave y en un trato injusto para quienes sostienen la economía, deja de ser una virtud. México no necesita un gobierno que gaste menos por el simple hecho de no gastar; necesita un gobierno que sepa administrar con inteligencia y que rinda cuentas de cada peso.
