“Dinero bajo la mesa”: El financiamiento y el gasto ilegal de las campañas políticas es el mayor problema de la democracia electoral mexicana -María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde (Junio de 2018)
Eloy Espinosa Ornelas
Como táctica electoral, el candidato López ofreció resolver la corrupción con su voluntariosa honestidad, minimizando la complejidad de este ingente problema sistémico e institucional del Estado mexicano. Tal oferta abona a la percepción ciudadana de que todos los políticos y muchos funcionarios públicos son rateros, y que lo que se requiere es un líder moralista que los catequice. También coincide con la visión del presidencialismo a la mexicana, al asumir que, si el “mero mero” ordena que no se robe, entonces todos se portarán como monaguillos.
¡¡Claro que la corrupción es uno de los mayores males de México!!, pero la sola retórica caudillista, adosada con leyes aspiracionales (Sistema Nacional Anticorrupción: SNA), no serán suficientes para combatirla efectivamente. Este cáncer, originado desde la Conquista española, hizo metástasis en las instituciones que regulan las relaciones entre gobernantes y gobernados, y revela cómo lo público ha sido un suculento botín capturado por poderes fácticos. Por ello, financiar campañas es una inversión muy rentable para los señores del dinero, líderes sindicales y narcos, quienes se hacen cómplices de sus candidatos corruptos “electos”. El estudio “Dinero bajo la mesa” citado, documenta esta situación.
En mi editorial “La corrupción sistémica” comenté que el binomio corrupción-impunidad es muy mexicano; refuté que este mal sea primordialmente cultural; enlisté sus causas individuales y sociales; y argumenté que el individualismo, la codicia y la elección racional, así como la mala legislación, forjaron la crisis institucional que hoy padecemos.
Dado que “la ocasión hace al ladrón”, es indispensable un gran cambio institucional que minimice los riesgos y las tentaciones de malos manejos en nuestras organizaciones estatales, rediseñando sus controles operativos y forzando su ejecución puntual: el alcance de la transformación por venir dependerá, más que nada, de la efectividad de los sistemas y decisiones que se implementen ex profeso. Obviamente, la sensibilidad política y administrativa del nuevo presidente y su gabinete serán cruciales en este complejo y prolongado proceso de combatir la corrupción, asear al Estado y precisar lo público.
El SNA entraña, a mi juicio, una parafernalia burocrática que cambia todo… para que todo siga igual. Peña y el congreso aplazaron instaurar un fiscal Anticorrupción, un tribunal de justicia administrativa y un auditor superior, con la autonomía política, presupuestal, técnica y de gestión interna indispensables para vacunar el sistema. Por su parte, AMLO ofreció amnistía a notorios líderes políticos corruptos -actuales y del pasado reciente- en un acto de “amor y paz”, y en aras de una tersa transición.
La Red por la Rendición de Cuentas presentó al Comité de Participación Ciudadana, del gatopardista SNA una propuesta que esboza la política nacional para modificar institucionalmente las conductas patrimonialistas y corruptas, auspiciadas por un perverso sistema de incentivos del Estado mexicano. Afirma que el origen del problema es la captura de lo público (puestos, decisiones, recursos, justicia) por intereses privados que detentan el poder en México. Es decir, concibe al Estado como un botín de oligarcas particulares, donde los servicios y actos públicos se otorgan sólo en beneficio de aquellos capaces de comprarlos a cambio de rentas o de clientelas cautivas de las que se espera apoyo político. Así, el Estado mexicano es una organización en manos de un consorcio cerrado de intereses, y no un mecanismo garante de los valores democráticos (seguridad, libertad, igualdad, justicia,…) ni del carácter auténticamente colectivo los servicios públicos (salud, educación, lucha contra la pobreza…).
La Red también propone una amplia consulta nacional para cerrar la brecha entre el diseño de políticas públicas y la realidad institucional en corrupción e impunidad, a fin de consensuar los cambios en cuanto a profesionalización, transparencia y sistema de justicia independiente y eficaz.
El resultado electoral y las declaraciones conciliadoras de AMLO fueron recibidos con beneplácito por muchos “politólogos de café”; los escépticos analizaremos el Presupuesto de Egresos para 2019 y las decisiones ejecutivas a partir de diciembre, antes de opinar. Usted, ¿cómo la ve?
