Lo ocurrido recientemente en Teotihuacán —un tiroteo que dejó a una turista sin vida y a varias personas heridas— no puede leerse como un episodio más dentro de la violencia que atraviesa México. El país lleva años sumido en una crisis de homicidios con armas de fuego, pero este tipo de ataques, dirigidos contra personas al azar en espacios públicos, responden a una lógica distinta.

Hace apenas unas semanas, tras un ataque en una escuela de Michoacán, se planteaba la posibilidad de que lo ocurrido en Columbine High School dejará de ser una referencia lejana. Lo sucedido ahora refuerza esa preocupación. La diferencia es clave, porque mientras la violencia criminal en México suele tener causas identificables dentro de economías ilegales, los tiroteos de este tipo suelen estar marcados por factores como la imitación, la búsqueda de notoriedad o procesos individuales de radicalización. Es, en esencia, otro problema que exige ser entendido como tal.

La evidencia no es menor. Diversos estudios han documentado el llamado “efecto contagio”, según el cual cada ataque incrementa temporalmente la probabilidad de que ocurra otro. La exposición mediática y la repetición de estos hechos no son neutrales; forman parte de un entorno que puede incentivar la imitación. A esto se suma que algunos agresores buscan reconocimiento público, lo que vuelve especialmente delicado el papel de la cobertura informativa. No se trata de asignar culpas, sino de reconocer que estos eventos se desarrollan dentro de un ecosistema donde la notoriedad también influye.

México aún está a tiempo de evitar que este fenómeno se normalice, pero la ventana es limitada. Para ello, es necesario actuar en varios frentes de manera simultánea: ajustar los criterios de cobertura para evitar la glorificación de los agresores y centrar la narrativa en las víctimas; construir un esfuerzo serio de análisis que permita identificar patrones, motivaciones y factores de riesgo; y asumir, sin evasivas, el tema del acceso a armas de fuego, no tanto desde lo normativo —donde ya existen restricciones— sino desde su implementación efectiva. En ese contexto, sería pertinente que la presidenta Claudia Sheinbaum impulse un grupo interdisciplinario que estudie y atienda este fenómeno antes de que se consolide.

México no está condenado a replicar la trayectoria de otros países, pero evitarlo no depende de la inercia. Requiere anticipación, evidencia y decisión política. La pregunta de fondo ya no es si estos hechos pueden multiplicarse, sino si el Estado mexicano actuará antes de que comiencen a hacerlo.