Mtra. Iliana Micaela Hernández Sotelo.
Miembro del Comité de Participación Ciudanía del SEA.
Licenciada En Derecho y Maestra en Administración Pública
A lo largo de la historia, el poder ha sido entendido como una herramienta necesaria para organizar la vida en sociedad, tomar decisiones colectivas y procurar el bienestar común. Sin embargo, también ha demostrado ser un espacio en el que, con frecuencia, se pierde de vista el verdadero propósito del servicio público: servir a la ciudadanía. El historiador Lord Acton advertía que “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, una reflexión que sigue siendo vigente cuando se analizan los problemas de corrupción en las instituciones públicas.
En muchos casos, quienes llegan a posiciones de poder lo hacen motivados por ideales de cambio, justicia y progreso. Existe una intención inicial de contribuir positivamente a la sociedad y de trabajar por el bienestar colectivo. No obstante, con el paso del tiempo, el acceso a privilegios, la influencia política y la presión de distintos grupos de interés pueden provocar que ese propósito inicial se distorsione. De esta manera, el poder deja de concebirse como un instrumento de servicio y comienza a utilizarse para obtener beneficios personales o favorecer intereses particulares.
Esta situación tiene consecuencias importantes para la confianza de la ciudadanía. Cuando las personas perciben que quienes gobiernan actúan guiados por intereses propios, se debilita la credibilidad en las instituciones. La corrupción no solo implica el uso indebido de recursos públicos, sino también la ruptura de la confianza que la sociedad deposita en quienes ocupan cargos de responsabilidad.
Por esta razón, resulta fundamental fortalecer la ética dentro del servicio público y promover prácticas de transparencia y rendición de cuentas. El poder debe asumirse como una responsabilidad que exige compromiso, integridad y respeto hacia la sociedad. Quienes ejercen funciones públicas deben recordar constantemente que su principal deber es trabajar por el bienestar colectivo.
Asimismo, la participación ciudadana desempeña un papel clave para evitar que el poder se desvíe de su finalidad. Una sociedad informada y participativa tiene la capacidad de exigir gobiernos más responsables y transparentes. De esta manera, el ejercicio del poder puede orientarse hacia la construcción de una sociedad más justa y democrática.
En conclusión, el verdadero desafío del poder no radica únicamente en alcanzarlo, sino en ejercerlo con ética, responsabilidad y sentido de servicio. Solo cuando quienes gobiernan mantienen presentes estos valores es posible transformar el poder en una herramienta para el bien común y no en un espacio donde prevalezcan intereses particulares.
