Por su trascendencia en nuestra vida política el cambio en las reglas de elección está atrayendo la atención de analistas, ciudadanos y de una oposición interesada en cuestionar la iniciativa de nuestra presidenta; sin embargo, a pesar de algunas voces que tratan de imponerse, he observado con cuidado la evolución del debate público y me complace advertir que en ambas cámaras se está creando una convergencia que desembocará en acuerdos definitivos.

Destacó uno de ellos, porque no es nuevo y se relaciona con el alto costo de nuestros procesos electivos y con el sostenimiento de la estructura administrativa y burocrática que resulta de la elección de un número de legisladores que, sin menoscabo de la calidad de nuestra democracia, puede y debe reducirse; lo mismo a nivel federal que en los estados y también en los municipios, donde prevalecen valiosas iniciativas de participación ciudadana a favor de reformas para generalizar los  procesos de revocación de la autoridades locales y los mecanismos de elección directa de regidores y síndicos municipales.

En otro plano, pero relacionado con la ampliación de nuestra democracia directa, tengo el honor de informarles que en este mes, con la colaboración de la organización ciudadana Alianza Nacional Regidor MX, presentaremos una Ley de Participación Ciudadana que tiene como objetivo poner a disposición de la ciudadanía instrumentos legales y formales de democracia directa; entre los que destacan el Presupuesto Participativo, el Parlamento Abierto, el Cabildo Abierto, la Colaboración Ciudadana y la Audiencia Pública; diseñados para garantizar que las opiniones del pueblo influya en las decisiones públicas.