Ante la relevancia de este proceso, enseguida expongo algunos motivos de mi optimismo.
El domingo 1 de febrero inicia el segundo periodo ordinario del segundo año de trabajo de la LXXVI legislatura del Senado de la República y con ello se abre una agenda en la que las personas senadoras atenderemos como tema central la discusión y, en su caso, aprobación de la reforma electoral.
Por su trascendencia en nuestra vida política el cambio en las reglas de elección está atrayendo la atención de analistas, ciudadanos y de una oposición interesada en cuestionar la iniciativa de nuestra presidenta; sin embargo, a pesar de algunas voces que tratan de imponerse, he observado con cuidado la evolución del debate público y me complace advertir que en ambas cámaras se está creando una convergencia que desembocará en acuerdos definitivos.
Destacó uno de ellos, porque no es nuevo y se relaciona con el alto costo de nuestros procesos electivos y con el sostenimiento de la estructura administrativa y burocrática que resulta de la elección de un número de legisladores que, sin menoscabo de la calidad de nuestra democracia, puede y debe reducirse; lo mismo a nivel federal que en los estados y también en los municipios, donde prevalecen valiosas iniciativas de participación ciudadana a favor de reformas para generalizar los procesos de revocación de la autoridades locales y los mecanismos de elección directa de regidores y síndicos municipales.
En esta línea, estoy convencido de que después de un intenso y necesario debate para mejorar nuestras reglas electorales también se generará consenso para encontrar una fórmula adecuada para definir el modelo de representación que regirá, a partir de 2030 la elección de legisladores a nivel federal.
Creo que la presidenta y las personas legisladoras estamos escuchando todas las voces y que pronto tendremos una combinación de métodos directos e indirectos de representación que cumplirán con el propósito de hacer de México un país más democrático y mejor representado.
En otro plano, pero relacionado con la ampliación de nuestra democracia directa, tengo el honor de informarles que en este mes, con la colaboración de la organización ciudadana Alianza Nacional Regidor MX, presentaremos una Ley de Participación Ciudadana que tiene como objetivo poner a disposición de la ciudadanía instrumentos legales y formales de democracia directa; entre los que destacan el Presupuesto Participativo, el Parlamento Abierto, el Cabildo Abierto, la Colaboración Ciudadana y la Audiencia Pública; diseñados para garantizar que las opiniones del pueblo influya en las decisiones públicas.
Finalmente, hablando del consenso en torno al enriquecimiento de nuestra democracia, para mí es un honor informarles que es altamente probable que esta iniciativa la presentemos en conjunto con la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Senado, Verónica Rodríguez Hernández, quien pertenece al grupo parlamentario del PAN.
