En conclusión, la democracia actual no se garantiza con los ajustes propuestos, pues requiere blindajes efectivos frente a la narcopolítica, mismos que no se encuentran en la reforma presentada. Por algo será.
La reforma electoral hoy en discusión parte de un supuesto equivocado: que el principal desafío del sistema democrático mexicano es de diseño institucional. Así, el debate se está enfocando en la integración del Congreso, el financiamiento público y la reorganización del árbitro electoral. Sin embargo, el problema central es otro: la vulnerabilidad del proceso electoral frente a la infiltración del crimen organizado.
Las elecciones de 2021 y 2024 registraron niveles inéditos de violencia política. Los candidatos asesinados, las amenazas recibidas y las renuncias forzadas revelaron un patrón más profundo: intervención criminal para influir en candidaturas, campañas y resultados, como un riesgo sistémico. Así, en el contexto actual, la variable crítica es el origen de los recursos y la presión criminal sobre el proceso.
La propuesta de reforma no incorpora mecanismos para enfrentar esta realidad. No establece fiscalización con acceso en tiempo real a inteligencia financiera. No define la nulidad electoral automática cuando se acredite financiamiento ilícito. Tampoco impone responsabilidades directas a dirigencias partidistas que postulen candidatos con vínculos comprobados con estructuras delictivas.
La infiltración no se limita al financiamiento. Puede expresarse en control territorial el día de la elección, en presión para definir candidaturas o en la captura posterior de gobiernos locales. Casos recientes, como alcaldes detenidos por presuntos vínculos criminales -Tequila, Jalisco-, estructuras regionales con capacidad de operación política -La Barredora, en Tabasco- o señalamientos sobre redes de financiamiento irregular -huachicol fiscal- evidencian que el riesgo no es infundado.
En este contexto, la reducción del financiamiento público, si no va acompañada de controles contra recursos ilícitos, puede generar incentivos adversos. Disminuir recursos legales sin cerrar la puerta al dinero ilegal debilita la competencia electoral. En otras palabras, la reforma reduce la cantidad de dinero legal que pueden recibir los partidos, pero abre la puerta para que sigan financiando campañas con sobres amarillos.
A ello se suma la intención de desaparecer el Programa de Resultados Electorales Preliminares, herramienta que ha sido fundamental para dar certidumbre la misma noche de la elección. Se argumenta que su eliminación responde a criterios de ahorro; sin embargo, en 2024 su costo representó menos del 1% del total del proceso electoral. Suprimir este mecanismo nos llevará de regreso a la época de los fraudes electorales y a la caída del sistema, fenómenos conocidos y orquestados por personajes -como Manuel Bartlett- que hoy son cobijados por Morena y sus aliados.
