Y sigue la mata dando…
Lilia Aguilar Gil
Reforma, diario de circulación nacional, dio a conocer esta semana el modus operandi para que 700 millones fueran desviados a través de empresas “fantasma” de las que no se sabe nada, con domicilios falsos y en algunos casos inexistentes.
lilia.aguilargil.2015@gmail.com
La corrupción como sello de la casa… de la blanca, de los ex gobernadores del PRI, de casi todo en la administración federal saliente que no conforme con ello, se despide (y lo que aún falta) con un caso más: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló un desvío de 700 millones de pesos en efectivo en las secretarías de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Social mientras Rosario Robles fue su titular.
Más que contarle a detalle cómo algo así sucedió (que evidentemente lo podrá consultar el diario Reforma), quisiera enfocarme en cómo nuestro sistema permite este tipo de desvíos de dinero el erario, o sea, el suyo y el mío, y cómo estos casos pasan casi desapercibidos, cómo es que como sociedad nos hemos acostumbrado a este tipo de noticias y por lo tanto, las hemos normalizado, pero que no, no son normales.
Los años en cuestión a los que se refiere la nota son 2014 y 2017. Primera cuestión, por qué hasta ahora nos vamos enterando, porque la ASF revisa las cuentas públicas con dos años de retraso. Y no es culpa de la Auditoría, es que las cuentas llevan un proceso un tanto complejo, sin embargo, existen reformas y ajustes que podrían reducir los tiempos y así realizar las investigaciones en el menor tiempo posible.
Por qué hoy es posible que los recursos, más específicamente, 700 millones de pesos se puedan mover como si fueran cualquier cosa y destinarse a empresas “fantasma”, porque la regulación actual es insuficiente, flexible y a modo, tanto que pueden inscribirse empresas con domicilios fiscales falsos e inexistentes y no hay quién lo señale, inhiba o evite.
Las reformas que se han hecho para tratar de limitar prácticas corruptas obviamente han sido insuficientes porque quizás se esté reformando la normatividad equivocada. Mucho se habló de las reformas al Sistema Nacional de Transparencia, pero si me lo pregunta a mí, el “diablo” no está ahí, sino en la estructuración del presupuesto año con año.
La creación de un marco normativo para crear un nuevo Sistema de Estructuración del Presupuesto Público, vinculado a una agenda de objetivos sociales, económicos y de infraestructura, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Éste incluirá mejores controles para que todas las asignaciones, los aumentos en gasto corriente y la contratación de deuda pública, se den sólo cuando estén justificados en función de objetivos cuantificables y sostenibles.
Es decir, no se podrán simular contratos así porque sí, que permitan a su vez, subcontrar a estas empresas “fantasma” destinatarias de 700 millones de pesos de los hoy sólo tenemos noticias, pero sin responsables ni muchos menos imputaciones. Y esto, no, no es normal.
