El discurso de MORENA se resume en una frase: “no somos iguales”. Pero la realidad contradice esa narrativa. La concentración de poder, el uso de recursos públicos para fortalecer la estructura partidista, los escándalos de corrupción y la descalificación sistemática de la oposición, evocan demasiado al régimen de “minorías privilegiadas” que antes se beneficiaban del poder y que se juró superar.

En un país donde el SAT exprime hasta el último recibo de nómina de los asalariados, el caso de Adán Augusto López revela una asimetría difícil de explicar. Sus ingresos declarados en 2023 y 2024 rondaron los 79 millones de pesos, lo que por ley —si todo hubiese sido gravable— debió implicar un pago cercano a 27.5 millones de ISR. Incluso concediendo márgenes generosos, como herencias exentas o deducciones millonarias, el impuesto a cubrir difícilmente habría bajado de 16 millones. Sin embargo, el exsecretario de Gobernación pagó apenas 1.9 millones, es decir, una tasa efectiva de 2.4 %. ¿Pagó lo que debía? En términos estrictamente legales, quizá sí, gracias a resquicios fiscales; en términos de justicia tributaria, es evidente que no. Lo que para millones de contribuyentes es un deber ineludible, para los poderosos termina siendo un arte de eludir sin incumplir.

La reforma está redactada a favor del gobierno y en contra del ciudadano; se reducen las garantías de protección contra los abusos de autoridad. Por ejemplo, restringir el “interés legítimo”, afectará los derechos colectivos, sociales y ambientales, ya que solo unas cuantas personas podrán promoverlo, dejando a comunidades, pueblos indígenas y organizaciones civiles sin protección.

El juicio de amparo es un escudo contra la arbitrariedad de las autoridades y la reforma que se plantea es regresiva a derechos humanos e inconstitucional. Se reduce la suspensión en casos de prisión preventiva oficiosa, pese a que ha sido declarada inconvencional; se faculta a desechar recusaciones, blindando a jueces cercanos al poder; y se dificulta ampliar la demanda, lo que limita el acceso real a la justicia. Con el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, más que garantizar imparcialidad, se fomenta la obediencia al régimen y se castiga la independencia.