En política, hay reformas que buscan corregir excesos. Y hay otras —más peligrosas— que buscan concentrar el poder.

El llamado “Plan B” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum no es una simple reingeniería administrativa. Es, en los hechos, un rediseño del equilibrio democrático en México. Y no para fortalecerlo.

Reducir presupuestos a los congresos locales y disminuir el número de regidores puede sonar, a primera vista, como una medida de austeridad. Pero la austeridad mal entendida suele ser la antesala del control político.

Un Congreso debilitado no es más eficiente: es más vulnerable. Vulnerable a la presión del Ejecutivo, a la negociación condicionada, al “te aumento, si me apruebas”. La ecuación es simple: menos recursos, más dependencia. Y más dependencia, menos autonomía.

Pero el problema de fondo es más profundo.

Paradójicamente, un gobierno que surgió denunciando los abusos del centralismo hoy parece decidido a reproducirlos.

La historia ya nos dio lecciones: cuando el poder se concentra, la pluralidad se apaga; cuando las decisiones se toman lejos del territorio, los problemas se agrandan; y cuando los contrapesos se debilitan, la democracia deja de ser equilibrio y se convierte en simulación.

No se trata de defender estructuras por inercia. Se trata de defender principios.

Porque sin federalismo, los estados pierden voz.

Y sin municipios fuertes, la ciudadanía pierde protección. Y entonces, lo que queda no es un gobierno más eficiente. Es un poder más cómodo, autoritario y una ciudadanía más frágil.

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