El pasado 5 de febrero del 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador envío al Congreso de la Unión un paquete de reformas constitucionales, 20 reformas para ser precisos. El hecho ha generado desde entonces una serie de críticas, debate e infodemia respecto al planteamiento presidencial, pero muy en particular lo referente a la reforma de Poder Judicial. La reflexión respecto a dicha reforma requiere un análisis minucioso que daremos en la segunda entrega de este escrito, pues considero imperativo que antes de discutir cualquier planteamiento del paquete de reformas, debemos instruirnos en la definición básica de lo que implica o significa una “reforma”. ¿No creen?

Siempre he pensado que la comunicación o socialización de la información “de lo público” debe estar acompañada de ejemplos y muy bien delineada y sujetada al tipo de audiencia que pretendemos llegar; no solo para dar paso al proceso de transparencia o rendición de cuentas a la población de lo que se hace en la cosa pública, sino para que también nos comprendan y en algún momento determinado se vuelvan catalizadores o incluso impulsores de este u otro proceso de transformación. Empero, por alguna razón siempre este tipo de comunicados políticos tienen cierto sesgo por la falta información o conocimiento del tema en cuestión, lo que ocasiona que la definición “reforma”, en este caso, tenga una connotación de carácter intransigente o de imposición cundo es todo lo contrario.

Por ello, nos daremos a la tarea de romper ese sesgo de información y pasaremos en primera instancia a explicar; ¿Qué es una reforma? Según el Sistema de Información Legislativa se refiere al procedimiento que se realiza a fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. No se presenta como un cabio radical y acelerado sino como una trasformación gradual de un sistema, estructura, institución, etc. Las Reformas se plantean como una solución para corregir algo que no funciona conforme a una nueva realidad. De esta manera puede ser de diferentes clases:

Una reforma procura mejorar el sistema que se tiene, generalmente en forma progresiva: de manera gradual, por etapas y nunca pretende derrocar lo ya existente. Es decir, en ningún momento podríamos pensar que las propuestas de reforma contravienen al interés público, porque si bien es cierto, que algunos planteamientos podrían no estar acordes a las circunstancias o mal enfocados, lo que es cierto es que alienta el debate y la discusión de lo que ya no sirve en nuestro sistema político-administrativo y estimula la participación de todas y todos los que participan dentro de nuestra sociedad.

Una reforma se distingue de la Revolución porque mientras que esta última supone un cambio radial, casi siempre a través de las armas, que barre con todo y establece un nuevo orden enteramente nuevo; una reforma política, no interrumpe, ni perturba el orden social y político establecido, sino que aspira a corregir, actualizar o derogar elementos políticos que no estén funcionando o no se consideren adecuados a las condiciones actuales. Lo trascendental de esto es que dicho planteamiento es resultado del consenso bicameral que representa la voluntad popular de mujeres y hombres que eligieron a los 128 senadores y 300 diputados y que por interpósita persona, delegan la responsabilidad de aprobar o no, propuestas de reformas.

Por ello y a manera de conclusión respecto a lo que implica la definición teórica de “reforma” y para determinar las características que plantean un escenario propicio para el proceso de reforma, considero pertinente recordar a Serrano G. (1994); la legalidad del estado se legitima y se funda en el consenso sobre la validez del orden jurídico. Es decir, que la población reconoce que nos debemos regir sobre leyes que garanticen nuestros derechos, pues se asume que el poder público, servirá como mediador para atender los propósitos para lograrlo. Este hecho de legitimidad que otorga la población, mantiene la creencia social que las instituciones son las apropiadas para la población, pues se asumen como algo que debe ser. Por lo que es imperativo, que el interés de la población sea fijado en estos procesos de transformación en los que se tomarán decisiones que de una forma u otro cambiaran el status quo. Lo cual considero que está bien; siempre y cuando el consenso, base legitima de la legalidad del Estado, sea a través de un consenso social en el que se explique, comprenda y se realice con perspectiva de justicia social. Es decir, que la reforma siempre contemple características de integralidad, circunstancialidad y progresividad para poder salvaguardar los intereses colectivos y de bienestar social que es lo que justamente buscamos todas y todos aquellos que construimos ciudadanía…