La corrupción, un malestar vigente
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Durango, 17 de marzo de 2026
Una de las escenas más recordadas de las mañaneras del sexenio anterior es aquella en la que Andrés Manuel López Obrador agitaba un pañuelo blanco decretando el fin de la corrupción. Afirmaba que en su gobierno la corrupción se había acabado, que los funcionarios públicos no caían en actos al margen de la ley, gracias a una supuesta calidad moral que los hacía “diferentes” a quienes habían gobernado antes.
Hace siete años Morena llega al poder enarbolando la bandera del combate a la corrupción. Multiplicaron los mensajes en los que proyectaban imágenes bajo el eslogan: “la corrupción como las escaleras, se barre de arriba hacia abajo”. En las diversas estrategias de información del gobierno anterior se repetía que la corrupción era un asunto del pasado, que el país vivía una etapa de honestidad y transparencia.
Solo ha transcurrido un breve lapso de tiempo después de aquella euforia, ahora los escándalos de corrupción que se han ventilado en la opinión pública hacen que la narrativa del expresidente sea demagogia pura. Los actos comprobados de corrupción en Segalmex, el costo exorbitado de las obras públicas como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles; la connivencia entre autoridades y delincuentes en el caso del grupo criminal “la barredora” en Tabasco, las propiedades suntuosas de políticos de izquierda que pregonan la austeridad; y ahora un nuevo tipo de corrupción que no existía antes de que Morena llegara al poder: el huachicol fiscal, una práctica que ha generado enormes ganancias para mandos de la marina, funcionarios y empresarios cómplices.
Por desgracia la corrupción no se combatió y no se ha acabado, incluso se ha agravado al involucrar a personajes y mandos de organismos como la Secretaría de Marina, institución que goza —a pesar de los últimos escándalos— de buena estima de la sociedad gracias a los valores, principios y honor que practican sus integrantes. Pero lo realmente preocupante es que la fórmula idónea —aplicada por países desarrollados— para combatir las corruptelas en el sector público se basa en: 1- el fortalecimiento las instituciones de procuración de justicia, 2- la vitalidad de los mecanismos de transparencia y 3- un poder judicial independiente que con sentencias imparciales hace valer el imperio de la ley.
Es evidente que las recientes reformas legales y constitucionales en México van en sentido contrario al combate a la corrupción: primero, se destruyeron los mecanismos de transparencia al desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y los institutos de transparencia en cada estado; segundo, las fiscalías y procuradurías carecen de capacidades técnicas y estructurales para investigar e integrar debidamente las carpetas de investigación; y tercero, el recién instalado poder judicial federal se debe a la voluntad de las esferas gubernamentales, solo los fervientes seguidores de Morena sostienen que el actual poder judicial es independiente del poder político.
Los actos de corrupción que se ventilan actualmente en la opinión pública no son elucubraciones de los políticos de “derecha”, de la “prensa conservadora”, tampoco producto de un complot de “los neoliberales”; la información de los abusos proviene de fuentes internas del gobierno, de servidores públicos cansados de ver una burocracia incompetente y oportunista que daña al país desde los cargos públicos.
Aunque el panorama no es halagador, sí merece reconocerse la voluntad del actual gobierno federal —mostrada hasta hoy— para procesar varios casos que desnudan a políticos y redes de corrupción que el gobierno anterior se empeñó en minimizar y ocultar. Es deseable que se llegue al fondo en cada asunto para que sirva de escarmiento a quienes se creían intocables, protegidos por una narrativa hueca e insostenible.
