“El progreso es posible cuando se mide, se reconoce y se actúa”
- Instituto Mexicano para la Competitividad
*El autor es Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED. Su opinión es estrictamente personal y no representa necesariamente la postura institucional de la Universidad.
El Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) presentó hace unos días el documento denominado “Mujeres en la economía: 100 años de datos” (disponible en https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2026/03/Mujeres-en-la-economia_100-anos-de-datos_03032026.pdf), un muy relevante ejercicio que muestra la disparidad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las fuerzas productivas, tasas de inserción laboral y remuneraciones, lo cual se sigue haciendo patente de una manera muy particular en nuestro país.
En una presentación del informe que tuvo lugar en Milenio Televisión, la joven economista duranguense Paola Vázquez Molina, Coordinadora de Sociedad del IMCO, refirió algunos de los tópicos más representativos que se presentan al hablar de mujeres y economía, como la necesidad de una flexibilidad en los trabajos, las licencias parentales, la variación en el número de hijos que tienen las mujeres desde 1900 a la fecha, los embarazos adolescentes, entre otros temas que merecen una reflexión detenida. Entenderlos a la luz de una retrospectiva histórica, política y cultural sin duda que es necesario para hacer frente a diversos desafíos en materia de igualdad, si es que queremos que el postulado del artículo 4o. constitucional, párrafo primero, tenga una aplicabilidad práctica y no sólo en el terreno del discurso: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres”.
Una de las conclusiones principales a las que llega el reporte del IMCO es que en un lapso de un siglo, “las mujeres pasaron de estar prácticamente fuera del mercado laboral a representar casi la mitad de la fuerza de trabajo”. Derivado de ello, se afirma que “una mayor participación no se ha traducido en mayor igualdad en las condiciones laborales, los ingresos o el crecimiento profesional”. Dentro de las cifras que se ponen en perspectiva, destaca el hecho de que la participación de las mujeres en el mercado laboral era de apenas un 6% en el año 1900, porcentaje que se elevó significativamente a un 49% en 2020. Sin embargo, y reiterando lo dicho, la realidad social es bastante indicativa de la frialdad de los números, pues sigue habiendo una marcada desigualdad por lo que respecta a dedicación y salarios.
Efectivamente, y teniendo en consideración que México es el país latinoamericano en el cual las mujeres destinan una mayor proporción de su tiempo al hogar y a los cuidados no remunerados (según puntualiza la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe), sigue habiendo roles de género predefinidos y una estructura de cuidados prácticamente sin cambios. Todo ello ralentiza de forma muy particular un despliegue mucho más equitativo de la economía. Es por lo anterior que el tema motivo de estos comentarios es de la mayor trascendencia e importancia cuando hablemos de una igualdad sustantiva como la que se pretende construir lo más pronto posible bajo una perspectiva de derechos humanos. La igualdad debe ser también una igualdad de oportunidades, una igualdad salarial y una igualdad en los cuidados, por decir lo menos.
