¡Reforma electoral en la cuerda floja!
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Durango, 19 de marzo de 2026
La reforma electoral, desde ahora, se “tambalea” y para salir adelante requiere mayoría calificada, y es ahí donde el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo han comenzado a marcar territorio. El mensaje es claro; acompañan a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no necesariamente a Morena ni a todas sus propuestas, particularmente en temas sensibles como la reducción de legisladores plurinominales y el recorte al financiamiento público de los partidos políticos.
En este contexto, el reloj legislativo ya está en marcha. A partir del 1 de febrero, cuando inicien formalmente los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, comenzará a delinearse uno de los debates más delicados del sexenio, la reforma constitucional en materia electoral impulsada desde el gobierno federal.
La iniciativa deberá ingresar primero por la Comisión Permanente, para después definirse si la Cámara de Diputados o el Senado fungirá como cámara de origen; sin embargo, más allá del trámite parlamentario, el verdadero desafío será político; construir consensos en un escenario donde las mayorías dejaron de ser automáticas y los aliados ya no obedecen en bloque.
Mientras Morena, PVEM y PT discuten, el Instituto Nacional Electoral ya movió sus fichas y entregó una propuesta en la que destaca la implementación gradual del voto electrónico, incluso por internet, bajo estrictos criterios de seguridad, así como un modelo mixto de votación y el voto anticipado para funcionarios de casilla y cuerpos de seguridad.
En materia de elección del Poder Judicial, el INE propone separar estos comicios de las elecciones ordinarias, con un calendario específico, campañas entre agosto y septiembre y jornada electoral el último domingo de octubre; además de prohibir la participación de partidos políticos en la promoción de candidaturas judiciales.
Otro eje central es la fiscalización. El instituto plantea el uso de inteligencia artificial para vigilar el origen y destino de los recursos, así como la regulación de plataformas digitales, redes sociales, influencers y hasta activos virtuales como criptomonedas, asumiendo que la política digital ya es parte estructural de la competencia electoral.
La propuesta también incorpora una agenda de inclusión y paridad, ósea destinar obligatoriamente el 50 por ciento del financiamiento de campaña a candidatas mujeres, tipificar la violencia digital de género en materia electoral, crear defensorías especializadas y garantizar derechos como el voto en prisión preventiva y la credencial permanente para mexicanos en el extranjero.
Sin embargo, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que su intención es presentar una reforma electoral integral para “modernizar y mejorar” el sistema, reducir costos y revisar el papel del INE. Aunque ha subrayado que no se afectará su autonomía, las críticas reiteradas al instituto mantienen encendida la alerta entre la oposición y sectores ciudadanos.
A inicios de este 2026, la Presidencia de la República y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral continúan analizando propuestas, pero los consensos siguen lejanos, particularmente en lo relativo a la representación proporcional. El riesgo es que el debate se estanque o se fracture antes de llegar al pleno.
En medio de este escenario, el Partido Verde ha elevado el tono. El PVEM busca negociar la reforma electoral de manera directa con la Secretaría de Gobernación y ha marcado distancia del senador Adán Augusto López Hernández, a quien no reconoce como interlocutor válido en este proceso legislativo.
Así lo dejó claro el senador Luis Armando Melgar al señalar que su partido no ha sido convocado a las mesas de negociación y que no aceptará acuerdos cupulares que no pasen por un diálogo institucional formal. Una señal clara de que la alianza gobernante también tiene fisuras internas.
Del otro lado del tablero, el PRI refrendó su rechazo frontal a la reforma electoral, al grado de bautizarla como la “Ley Maduro”. Su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó que la iniciativa presidencial busca consolidar una dictadura en México, eliminar contrapesos y someter la democracia al poder absoluto, además de criticar duramente al titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, por minimizar la autonomía del INE.
En el fondo, la discusión no es solo técnica ni presupuestal, sino profundamente política e institucional, por lo que la reforma electoral ha entrado a un terreno minado donde se cruzan intereses partidistas, tensiones internas en el oficialismo y una oposición atrincherada. Lo que se decida en los próximos meses no solo marcará las elecciones de 2027, sino la credibilidad democrática del país.
